Dos años de prisión por extraer dinero a los clientes de la compañía telefónica para la que trabajaba

La Audiencia de Valladolid ha condena a un hombre al pago de una indemnización de 700 euros y a dos años de cárcel, en el caso de la pena de prisión ya pactada en sentencia de conformidad, por aprovechar su trabajo en una empresa de telefonía para conseguir datos de clientes y extraer dinero de sus cuentas.

La sentencia establece para el procesado, Ernesto FFS, dos años de prisión por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de estafa, con la concurrencia en ambos de la atenuante de reparación del daño como muy cualificada.

Tras la celebración del juicio, solo para dirimir la responsabilidad civil, ya que la pena de cárcel se acordó previamente, el tribunal ha fijado que el procesado indemnice a una de las víctimas con 50 euros y a otra con 350, salvo que en ejecución de sentencia el perjudicado no reclame por haber sido ya indemnizado.

Deberá también pagar a otro perjudicado en la cantidad de 300 euros, salvo que ya haya sido ya indemnizado, una cuestión también a determinar en ejecución de sentencia.

La resolución judicial absuelve a Vodafone S.A., The Phone House Spain S.L.U., y Tres Telemarketing 2020 S.L., de la responsabilidad civil subsidiaria a la que se enfrentaban.

Los hechos ocurrieron en distintas fechas de 2020 y 2021, cuando el encausado trabajaba en TresTelemarketing, donde realizaba ventas/contratos para Vodafone.

La acusación de la Fiscalía se ha centrado en que, "aprovechando su puesto de trabajo", a finales de agosto de 2020 el procesado comenzó a entrar en bases de datos de clientes, donde tenía acceso a su información personal.

Empezó a seleccionar posibles víctimas, entre aquellos que según sus datos veía de avanzada edad y que tenían una cuenta asociada a un banco en un móvil, tras lo que introducía el DNI de los perjudicados y conseguía hacer duplicados de distintas maneras con los que acceder a las cuentas bancarias y realizar reintegros fraudulentos en distintos cajeros.

Antes de que comenzara el juicio, las partes llegaron a un acuerdo desde el punto de vista penal y, aunque en principio el encausado se enfrentaba a la petición de penas de seis años en total por delitos continuados de estafa y descubrimiento y revelación de secretos, con los que obtuvo unos 20.000 euros, finalmente asumió los hechos y se conformó con dos años de prisión.

La mayor parte de los afectados, durante el juicio, renunció a reclamar cantidad alguna porque su banco ya se la había devuelto, aunque la Fiscalía demandó resarcir a las entidades que reintegraron el dinero las cantidades estafadas a varios clientes.