Tras recibir este jueves la noticia de que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente un escrito pidiendo la paralización cautelar de la celebración del Torneo del Toro de la Vega, argumentando que "se puede estar incurriendo en un posible delito de maltrato animal", desde el Ayuntamiento de Tordesillas se ha querido salir al paso para aclarar que la modificación de la ordenanza cumple estrictamente con la legislación vigente.

El propio alcalde, Miguel Ángel Oliveira, ha querido recordar que las Bases Reguladoras del Festejo taurino fueron adaptadas al Decreto Ley 2/2016, a través de un escrupuloso trabajo técnico con el objetivo de cumplir estrictamente con la actual Ley. ?Por supuesto queremos mostrar nuestro máximo respeto en todo momento a la Justicia, pero nos gustaría aclarar que hemos cumplido estrictamente con la Ley, y hemos tenido en cuenta en el desarrollo de esta modificación en la normativa a todas las partes?, ha señalado Oliveira.

Todo el trabajo se llevó a cabo rigurosamente por los técnicos municipales y responsables políticos del Ayuntamiento, atendiendo y dando respuesta a 24 alegaciones y tres recursos de reposición de numerosas asociaciones animalistas. La modificación a la ordenanza fue valorada positivamente por la Mesa de la Tauromaquia presidida por el Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, organismo que dio ya luz verde a la modificación de la normativa recientemente en vista de la legalidad de la misma. De hecho, este mismo jueves la administración regional ha salido en defensa de la legalidad de la modificación de la normativa del Torneo, insistiendo en que cumple, en todos sus puntos, con la Ley.

El Primer edil también ha aprovechado para pedir "máximo respeto" al municipio y a sus habitantes, subrayando que "se está llevando a cabo un claro ataque a nivel mediático para dañar nuestra imagen". "Pese a que cumplimos en todo momento con la Ley, desde agrupaciones políticas como PACMA llevan meses desarrollando una manipulación informativa con intereses electoralistas, desinformado de manera interesada para obtener rédito político. Además, se está produciendo una extralimitación competencial, solo es la Justicia la que tiene que pronunciarse al respecto de este asunto, y el poder judicial debe mantener su independencia en todo momento", ha agregado Oliveira.