Esta respuesta se enmarca después de la petición por parte del Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030, de prohibir su celebración
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha accedido a la suspensión cautelar, solicitada por el Pacma, y ha acordado la suspensión de las nuevas bases reguladoras del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) para desarrollo del torneo del Toro de la Vega, cuya celebración está prevista para el próximo martes, 13 de septiembre.
Asimismo, según la resolución recogida por Europa Press, el Alto tribunal suspende también la ejecutividad de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, publicada en el BOCyL de 29 de julio, por la que se declara la conformidad de la adaptación de las bases del espectáculo taurino a lo previsto en el Decreto-Ley de 2016 por el que se prohibió la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León.
La resolución responde a otro cauce judicial diferente al abierto este jueves por la reclamación de la Dirección General de Derechos de los Animales a la Fiscalía General del Estado para impedir la celebración del festejo del Toro de la Vega.
A ese respecto, pocos minutos antes de conocerse la resolución del TSJCyL sobre las suspensiones cautelares, la Fiscalía General del Estado ha comunicado que no se observaba indicio de delito en la celebración del torneo del Toro de la Vega y archivaba las diligencias abiertas tras la denuncia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Además de las suspensiones de ejecutividad de dichos acuerdos, la resolución del TSJCyL acuerda oficiar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta y al Ayuntamiento de Tordesillas para que, "bajo la personal y directa responsabilidad del titular de la Consejería y del Alcalde", se adopten las medidas necesarias para que se asegure la efectividad de la medida cautelar adoptada.
Eso sí, no se imponen costas a ninguna de las partes, al tiempo que se informa de que contra el auto cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación.
Tras la aprobación el pasado 3 de mayo en el Pleno del Ayuntamiento de Tordesillas, las nuevas bases reguladoras del desarrollo del torneo del Toro de la Vega que establecen que el festejo se llevará a cabo clavando una divisa al astado, en lugar de alanceándolo como sucedía hasta 2015, el partido animalista preparó una solicitud de medidas cautelares contra dicho reglamento que se presentó finalmente el 5 de julio.
"No cabe duda de que el ser perseguido por 50 lanceros, con lanzas de 2,80 metros de longitud, que tienen un punzón o un doble arpón de 80 milímetros, de los que 30 milímetros son elementos punzantes, comporta un sufrimiento y maltrato al toro que, según la parte recurrente, puede incluso causarle la muerte", señala la resolución judicial.
En cuanto a los intereses públicos y de terceros en conflicto, el auto entiende que "los únicos argumentos que se esgrimen es que es un espectáculo tradicional, que ha costado mucho trabajo la redacción de las bases y la selección del toro y los intereses económicos afectados, si se suspendiera el torneo".
Por otro lado, se recuerda que el delegado territorial de la Junta de Castilla y León no ha autorizado todavía la celebración del festejo, por lo que entiende que el Ayuntamiento de Tordesillas está publicitando la realización de un evento no autorizado. "No puede imputarse a la parte recurrente los perjuicios económicos que dice derivarían de la suspensión de la orden aquí recurrida; perjuicios económicos que, además, ni siquiera se han acreditado indiciariamente".
Así, la medida cautelar se adopta sin exigencia de fianza alguna, frente a lo solicitado por el Ayuntamiento de Tordesillas.
El Alro Tribunal castellanoleonés recuerda que durante más de cinco años han tenido lugar las fiestas de Tordesillas estando vigente el Decreto-Ley 2/2016, de 19 de mayo, y se han celebrado festejos taurinos, por lo que considera que "no se ocasiona ningún perjuicio irreparable a las mismas porque se celebren este año como han tenido lugar anteriormente con arreglo al mencionado Decreto-Ley, hasta tanto se resuelva el fondo del asunto".
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