La Audiencia de Valladolid ha condenado a un hombre y a una mujer a sendas penas de dos años de prisión y a otras dos mujeres a 18 meses de cárcel, por anunciar pisos en alquiler de los que no eran dueños y quedarse con dinero de la señal y otros conceptos como el pago del primer mes de arrendamiento.

El juicio se iba a celebrar este viernes, aunque ha sido innecesario ya que los cuatro investigados han reconocido que han cometido los hechos por los que han sido acusados y han aceptado un acuerdo alcanzado entre las defensas y la Fiscalía, que pedía en principio penas que suman nueve años de prisión para cada procesado.

Tras el acuerdo de conformidad, el magistrado presidente ha avanzado de viva voz el fallo de la sentencia, que establece dos años de prisión para R.J.B y A.M.C., respectivamente, pareja entre sí, y el pago de una multa de 750 euros. Para las otras dos encausadas, S.J.G. y L.J.G., el fallo fija dieciocho meses para cada una y el abono de una multa de 600 euros.

Además, como responsabilidad civil, los procesados deberán pagar de manera conjunta y solidaria más de 17.000 euros que se aplicarán al pago de las cantidades estafadas a los distintos perjudicados.

La condena se refiere a un delito de estafa continuada, así como a otro de estafa impropia y de falsedad en documento mercantil. Mientras a dos de los procesados se les aplica la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño (pago de las cantidades estafadas) y a dos de ellos agravante de reincidencia.

Los hechos que han asumido los acusados ocurrieron cuando dos de ellos, R.J.B y A.M.C., "puestos de común acuerdo y con ánimo de ilícito beneficio" pusieron anuncios desde finales de 2021 y al menos hasta marzo de 2023 en diferentes portales de internet.

En los anuncios, ofrecían alquileres de pisos haciéndose pasar por los propietarios de las casas y exigían para el arrendamiento el pago de una cantidad en concepto de señal o reserva y otras cuantías adicionales como pago del primer mes de alquiler, según las conclusiones de la Fiscalía.

Remitían al interesado que contactaba con ellos supuestos contratos de alquiler o reserva del piso ofertado en los anuncios, que se hacían a nombre de personas que no correspondían con los acusados, quienes disponían de imágenes de sus DNI porque estas mismas personas les habían enviado en ocasiones anteriores para realizar alguna de las operaciones de alquiler fraudulentas.

Las cantidades se remitían a cuentas de las otras dos personas acusadas, S.J.G. y L.J.G., para usar después un sistema que no dejaba rastro con la retirada de dinero en un cajero con un código que se generaba en ese momento por el ordenante, que era la persona afectada.

Un registro efectuado en el domicilio de los acusados y un volcado y extracción de datos de dispositivos móviles, además de un ordenador portátil, hallados en la vivienda, permitieron constatar los hechos.

Los acusados ofertaban pisos en Las Delicias, sabedores de una fuerte demanda de alquiler en este barrio de carácter popular.