Cáncer infantil y antenas de telefonía: el escándalo que agitó Valladolid hace 25 años
Un colegio vallisoletano relacionó los casos de esta enfermedad de algunos de sus alumnos con la instalación de telecomunicaciones en un edificio colindante
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Hace casi medio siglo, Valladolid vivió una delicada situación que supuso una polémica en torno a la enfermedad del cáncer en la que se vieron envueltos un colegio y una empresa de telecomunicaciones. El 21 de diciembre de 2021, un juez ordenó que se desinstalasen las antenas de telefonía que se encontraban en la azotea de un edificio de la Plaza España.
El colegio público García Quintana colindaba con otro edificio donde se ubicaban dichas antenas de telecomunicaciones y este hecho se relacionó, de forma poco precisa o justificada, con varios casos de cáncer infantil en dicho centro de estudios.
El magistrado determinó que esa instalación suponía un riesgo para la salud y firmó un auto donde se determinaba el cese cautelar de la actividad de los equipos de telefonía fija. Aun así, los casos de cáncer, que se detectaron posteriormente, continuaron creciendo entre los alumnos del colegio.
Fueron siete los niños que pasaron por esta terrible enfermedad en un corto periodo de tiempo. El primer caso se detectó en el año 2000, una niña de solo cuatro años con leucemia. El curso siguiente, tres nuevos casos.
Esta oleada de la enfermedad empujó a un grupo de cuarenta padres del colegio presentaron una denuncia ante la Fiscalía, en octubre de 2001, solicitando el desmantelamiento de la instalación ubicada en el número 5 de la céntrica calle López Gómez, al considerar que los diagnósticos en algunos de sus hijos tendrían relación con la presencia de dichas antenas.
Hasta cuatro jueces llegaron a investigar este asunto, después de que la Fiscalía vallisoletana pusiese en manos del Juzgado la situación que planteaba una relación entre ambos acontecimientos. Mientras, en la ciudad se desató cierta alarma social al considerarse que el caso de las antenas del García Quintana podría repetirse en otros puntos de la capital del Pisuerga.
La acusación particular llegó, incluso, a solicitar la imputación del por aquel entonces alcalde de Valladolid Francisco León de la Riva, por una supuesta prevaricación, pero la Audiencia Provincial desestimó la causa al considerar que no había ningún tipo de responsabilidad por parte del primer edil vallisoletano al contar estas antenas con licencia de obra.
La ciudad vivió fuertes manifestaciones y protestas donde la ciudadanía se concentraba para solicitar el desmantelamiento, inmediato, de las antenas de telefonía repartidas por la capital, a pesar de que un estudio de la Junta de Castilla y León descartó la relación de las instalaciones y las enfermedades.
El Ayuntamiento estableció una nueva moratoria de seis meses para conceder nuevas licencias y aprobar una renovada ordenanza municipal, incorporando propuestas de la Federación de Asociaciones de Vecinos.
En abril de 2003, una niña de solo siete años perdió la vida como consecuencia de un cáncer, haciendo que la situación se complicase todavía más en Valladolid, al hacerse público también un nuevo caso de linfoma de Burkit en un niño de ocho años del colegio y otro cáncer de una empleada del centro escolar.
La Audiencia de Valladolid cerró el caso por la vía penal en 2004 y, desde aquel momento, no se conocieron más diagnósticos de cáncer infantil en el colegio García Quintana, ni en sus al rededores.
Jamás llegó a demostrarse si tenían relación ambos factores que afectaron a varias personas de las mismas aulas del centro escolar a las que detectaron casos de cáncer hematológicos. No se sabe si se trataba de una casualidad o una causalidad pero, desde esos años, no ha vuelto a suceder nada parecido ni en el colegio ni en Valladolid, afortunadamente.
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