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Toca votar en la Junta y Sacyl. Pero, ¿por qué algunos sindicatos quieren retrasar las elecciones sindicales?
Un artículo de la presidenta de CSIF Valladolid, M.ª José San Román Sotillo
En marzo de 2020, se celebraron las últimas elecciones sindicales en la Administración General de la Junta de Castilla y León y en Sacyl. La normativa vigente indica que cada cuatro años los trabajadores elegirán a sus legítimos representantes que conformarán los comités de empresa y juntas de personal.
Tal y como indica la legislación vigente, ¡Toca ahora! Las últimas elecciones fueron en marzo de 2020, las anteriores el 3 de marzo de 2016, y las anteriores el 23 de febrero de 2012. Estamos en 2024 y, de nuevo, hay que celebrar elecciones, le pese a quien le pese. Dos sectores imprescindibles de la administración pública autonómica están en elecciones sindicales. Los empleados públicos de la Junta de Castilla y León y de Sacyl decidirán con su voto a aquellas personas que les representarán. Es el momento de que los compañeros examinen el trabajo de sus representantes, de los delegados sindicales, de todos los sindicatos durante los últimos 4 años.
CSIF ha realizado los trámites para que se celebren las elecciones ahora, cuando tocan. Esto ha generado una oposición frontal de algunas organizaciones sindicales, que consideran que la fecha más idónea para convocarlas es el año 2026, utilizando los argumentos más imaginativos que han encontrado para tratar de parar, retrasar, suspender o anular las elecciones que están convocadas para el 7 de marzo. El asunto lo han llevado, incluso, a los tribunales, por lo que entendemos que tendrán intereses poderosos para prolongar dos años más este periodo sindical. El pasado 2 de febrero, UGT solicitó ante el juzgado la "suspensión del desarrollo del proceso electoral" y el 27 de febrero, el juzgado de lo social n°5 de Valladolid denegó dicha petición.
En este momento, me viene a la cabeza esa actitud de adolescente poco trabajador y nada constante, que sin darse cuenta y sin haber estudiado, se ha enterado -repentinamente- de que ha llegado el final del curso.
¿Por qué estos sindicatos no quieren pasar el examen de los cuatro años? ¿Por qué no quieren dejar que los empleados públicos evalúen el trabajo realizado? ¿Hay que dejar pasar el tiempo para que la memoria, que es frágil, mitigue ciertas actuaciones?
Algunos hechos importantes -que conviene remarcar- son que, en 2022, CCOO y UGT pactaron una subida salarial del 3% para el conjunto de empleados públicos, mientras exigían y pactaban subidas del 7-8% para los trabajadores de empresas privadas. ¿Vale más el trabajo de un trabajador de la empresa privada que de la administración pública?
La estabilidad, deseable para todos, es el argumento para cuadrar las cuentas siempre, tanto los empleados de empresas privadas como los empleados públicos vamos a comprar al supermercado. CSIF no permitió en ese momento, ni permitirá nunca, que se justifique cualquier mal acuerdo con el argumento de que el empleado público goza de estabilidad. No vamos a permitir que se respalde el ataque a los empleados públicos por el mero hecho de serlo.
En CSIF estamos corrigiendo los errores de los sindicatos sin independencia política, seguimos luchando por un acuerdo salarial digno. CSIF ya se ha reunido con el ministro de Función Pública, Luis Escrivá, con el fin de activar cuanto antes una negociación que mejore el salario del conjunto de empleados públicos, con una subida salarial ajustada a la realidad de la vida actual, reforzando plantillas y acordando la jubilación voluntaria a los 60 años.
Si nos centramos en Castilla y León, no podemos olvidar el último convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castilla y León que firmaron CCOO, UGT y CGT. Es imperdonable. ¿Cómo pueden los representantes de los trabajadores firmar un instrumento con el que la Junta despide a trabajadores?, ¿han pedido perdón por firmar la firma de pérdida de derechos y deterioro de condiciones laborales? No puede ser que, con el anterior convenio, si a un trabajador le denegaban la jubilación parcial podía conseguirla en el juzgado y, con el nuevo, ya no existe la posibilidad ni de pedirla porque que la vía judicial queda cerrada en el nuevo convenio.
Siguiendo con el nuevo convenio colectivo, a los auxiliares de carreteras se les ha rebajado la titulación exigida para realizar sus funciones, lo que en breve repercutirá negativamente en su promoción profesional. Los técnicos de laboratorio, auxiliares de biblioteca, ayudantes de cocina, cocineros, conductores maquinistas, oficiales de 1ª conductores, cuidadores técnicos de servicios asistenciales, gobernantes, técnicos de imprenta, oficiales de 1ª, mecánicos de mantenimiento, oficiales pecuarios, socorristas, sondistas y tractoristas, entre otros, ven mermadas sus posibilidades profesionales, así como la fusión de cuidadores y auxiliares de enfermería que elimina las peculiaridades y especificaciones de su trabajo. Para CSIF, son muchos los colectivos perjudicados en este nuevo convenio, con el que ahorra dinero la Junta a costa de los trabajadores, lo que parece inaudito, remarcando que no debía haberse firmado con este contenido. CSIF ya ha ganado en los juzgados de Salamanca tres despidos a trabajadores del centro de menores, propiciados por el nuevo convenio de laborales de la Junta.
CSIF se esfuerza en dar el mejor servicio posible a los trabajadores. Los delegados de CSIF no somos perfectos, intentamos no cometer errores, propios de la condición humana. Nuestra razón de ser es el trabajador y la mejora de sus condiciones laborales, desde una posición profesional e independiente, apartándonos por tanto de condicionantes políticos que distorsionen nuestra labor de defensa y representación de nuestros compañeros.
Por todo ello, el examen al que nos sometemos cada 4 años es necesario para valorar nuestro trabajo, para mejorar y para cumplir lo que nos hemos comprometido a defender, que es, al fin y al cabo, exclusivamente los derechos y justas reivindicaciones de los trabajadores. Es necesario que el día 7 de marzo no se impida votar a los empleados públicos.
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