El proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valladolid: una historia que comenzó hace casi 20 años

La futura Ciudad de la Justicia de Valladolid o el cuento de nunca acabar con un nuevo capítulo que ha traído más polémica de lo previsto a raíz de la inversión del Gobierno que pretende destinar al proyecto unos escasos 200.000 euros. Esa es la última novedad si decides leer la contraportada, pero el inicio fue muy distinto.

Hay que remontarse al año 2004 para comprobar y desvelar el contenido del primer episodio de la Ciudad de la Justicia. En él, la Diputación, con Ramiro Ruiz Medrano a la cabeza, ofreció llevar la futura sede judicial al barrio de Villa del Prado. Otra alternativa era ubicarla en el Colegio El Salvador, pero el propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en 2007, descartó su compra por el alto precio que solicitaban los propietarios.

Sin embargo, como no salió adelante esa última opción, Villa del Prado cogió más fuerza que nunca y la parcela donde se iba a instalar el propio Campus iba a ser junto al barrio de Girón. De hecho, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, bajo la presidencia del exalcalde, Francisco Javier León de la Riva, aprobó en 2012 la permuta de los terrenos en los que se iba a ubicar la Ciudad que sustituía al edificio de la calle Angustias en el que actualmente se ubican los Juzgados. 

Este proceso estaba totalmente consensuado porque el Consistorio había aceptado ceder la parcela situada en la calle Mieses, de propiedad municipal, junto al barrio de Girón a cambio del edificio citado anteriormente y que pertenece a la Administración General del Estado, afectando, como es lógico, al Ministerio de Justicia. En ese mismo año, el Ayuntamiento lo daba prácticamente todo por concluido en lo referente a la ubicación final, ya que una exposición, en el Centro Municipal 'José Luis Mosquera', concretaba los detalles del proyecto.

Proyecto del Campus en Villa del Prado. Ical.

NULA INVERSIÓN DEL GOBIERNO

Todo cambió cuando los dirigentes políticos locales comprobaron que en los Presupuestos Generales en 2015 para Valladolid ni una mínima partida invertida aparecía para el Campus. Es decir, cero euros. Esta decisión indignó tanto al PP como al PSOE. Ante las protestas, el Ministerio cambió de opinión y ofreció 300.000 euros con el fin de que vieran que el Gobierno respaldaba el proyecto. El Gobierno Municipal Popular, en esos momentos en funciones, quería acelerar los trámites, pero tanto Manuel Saravia como Óscar Puente advirtieron que sería una "puñalada trapera" llevar a cabo el proyecto cuando la idea es "que lo gestione el nuevo gobierno sin sacar del centro el edificio público a un barrio que, además, no está preparado para el comercio y responde a un modelo termita de la ciudad que no compartimos". 

UN ACUERDO NADA FÁCIL DE CONSEGUIR

A partir de este momento, ambos políticos tomaron el rumbo, el de "retomar el edificio de El Salvador". Pero, se encontraron con una negociación que no fue nada sencilla, sobre todo cuando los propiertarios del citado inmueble ofrecieron esa propiedad a cambio de saldar una deuda millonaria que tenían pendiente con Sareb.

Por ello, el Ayuntamiento quiso realizar una permuta, por valor de siete millones de euros, con parcelas de la zona de Zambrana, pero Sareb no accedía al trato porque solo quería "parcelas definitivas". Finalmente y con varios años de retraso porque Sareb no tiraba la toalla, se consiguió llegar a un acuerdo que consistía en una nueva permuta. Sareb aceptó que el Ayuntamiento le cediera tres parcelas de la avenida de Burgos, una de la zona de Viveros y varias de aprovechamiento del antiguo cuartel de Farnesio a cambio del uso de el Colegio El Salvador, el cual su deuda desaparecía porque Sareb la iba a asumir con los propietarios anteriores.

Saravia y Puente presentan el convenio con Sareb en la entrada del Colegio El Salvador. Ical.

Para no demorar más la operación, ya con impotencia por no poder llegar a un acuerdo real, el Ayuntamiento decidió comprar el inmueble por más de ocho millones de euros y renunció, de esa manera, a la permuta que tenían acordada de varias parcelas como se ha explicado anteriormente. En ese momento, el Colegio ya era propiedad municipal. Con ello, el Ayuntamiento cedió sus derechos y la toma de decisión al Ministerio de Justicia para que construya en dicha ubicación el nuevo Campus, donde iban a estar los nuevos juzgados de la ciudad.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, visita Valladolid para informar sobre el proyecto. Ical.

Cuando esto iba a ser un cuento con final feliz y el proyecto de la Ciudad de la Justicia iba a ser una realidad, el Ministerio decidió invertir para ello en 2023 una simbólica partida presupuestaria de 200.000 euros. Hecho que tiene alguna que otra coincidencia con esos cero euros de 2015, ya que la indignación tiene más similitudes que diferencias. ¿Volverá a conseguir la presión política cambiar la imagen actual del proyecto ante la reciente inversión? El Ministerio tiene la última palabra y puede replantearse la cantidad hacia una idea que viene explicada en el capítulo de 2015 que está incluido en este libro interminable.