Ecologistas en Acción Valladolid ha presentado alegaciones al Estudio de Detalle en el ámbito Restaurante La Goya, ubicado en la Avenida de Salamanca y la calle Puente Colgante, dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid. La organización ecologista argumenta que la construcción prevista vulnera la delimitación del dominio público hidráulico establecida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que impide edificar en la zona de servidumbre del río Pisuerga.

El proyecto plantea sustituir la edificación hostelera existente, de dos plantas, por un bloque de nueve alturas, lo que incrementaría significativamente la vulnerabilidad de la zona ante posibles inundaciones. Desde una perspectiva ambiental, Ecologistas en Acción advierte que aumentar la edificabilidad y cambiar el uso del suelo a residencial resultaría inadecuado, no solo en este caso, sino en todas las áreas inundables de la ciudad.

Según la organización, la presencia de la zona de servidumbre y el riesgo de inundación obligan a someter el Estudio de Detalle a una evaluación ambiental estratégica simplificada. Sin embargo, denuncian que este trámite no se ha llevado a cabo, pese a que la exención prevista en la legislación autonómica no es aplicable en este caso.

En sus alegaciones, Ecologistas en Acción solicita que se requiera el informe preceptivo de la CHD para evaluar la compatibilidad del proyecto con la preservación de la zona de servidumbre y el riesgo de inundación del río Pisuerga. Además, señalan que la tramitación de este Estudio de Detalle no puede realizarse de forma paralela a la modificación del PGOU que el Ayuntamiento lleva a cabo para cumplir con una sentencia judicial de 2022.

La organización también critica que el proyecto prevé aumentar la altura del edificio de dos a nueve plantas, justificándose en la cesión de terrenos en la Avenida de Salamanca y el río Pisuerga. No obstante, denuncian que los cálculos realizados son dudosos y que la edificabilidad prevista supera ampliamente la del entorno inmediato, lo que generaría un impacto negativo en el paisaje urbano.

Desde el punto de vista legal, Ecologistas en Acción recuerda que la normativa urbanística vigente establece que la edificabilidad debe integrarse en su entorno, sin superar los niveles característicos de las edificaciones existentes. En este sentido, consideran que la ordenación propuesta incumple la legislación, al apartarse del modelo territorial del PGOU y al no respetar la escala de los edificios circundantes, como el Museo de la Ciencia y el Monasterio del Prado.

En cuanto a la regulación hidráulica, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que la zona de servidumbre del río es inedificable. Aunque las zonas inundables podrían ser urbanizadas bajo ciertas condiciones, la legislación autonómica impone restricciones específicas para estos terrenos, debiendo justificarse que no aumentan la vulnerabilidad ni el riesgo ambiental. Además, el informe de la CHD y la declaración ambiental estratégica del PGOU determinan que la zona de servidumbre debe clasificarse como Espacio Protegido, lo que impide su urbanización.

Finalmente, Ecologistas en Acción señala que el Estudio de Detalle reconoce que los terrenos se encuentran en una zona de ruido ambiental superior a los límites permitidos para usos residenciales. Por ello, exigen que se especifiquen medidas concretas para mitigar este impacto, especialmente dado que la Avenida de Salamanca es una vía de alto tráfico y emisión sonora. Con estas alegaciones, la organización ecologista reitera su oposición al proyecto y su compromiso con la protección del medio ambiente en Valladolid.