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EL PSOE critica la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento para la regularización de "alcalde B"
La figura del gestor de políticas públicas fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia
El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha mostrado su rechazo a la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Valladolid impulsada por el equipo de gobierno formado por Partido Popular y Vox. Esta modificación busca regularizar la figura del Director de Coordinación de Política Pública, un puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) declaró ilegal.
El portavoz del GMS, Pedro Herrero, ha señalado que la decisión del equipo de gobierno responde a un "interés particular" del alcalde, Jesús Julio Carnero, y no al interés general. "El problema lo ha creado Carnero por interés particular; en ningún caso existe un interés general", ha afirmado Herrero. Además, ha destacado que esta figura supone un gasto de 156.762 euros anuales, alcanzando un total de 627.048 euros durante el mandato. "Es una modificación del Reglamento innecesaria, igual que era innecesaria la creación de esta figura", ha insistido.
El GMS presentó en 2023 un recurso contencioso-administrativo contra la creación de este puesto, argumentando que no estaba contemplado en el Reglamento Orgánico vigente y que su inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) requería la aprobación previa del Pleno municipal. El TSJCYL dio la razón a los socialistas y anuló la decisión de la Junta de Gobierno local que permitió la creación del puesto.
Herrero ha criticado que el alcalde dedique "sus energías a arreglar sus chapuzas" en lugar de centrarse en los asuntos de la ciudad. Según el portavoz socialista, la figura del Director de Coordinación de Políticas Públicas se creó para que una persona de confianza del alcalde gestionara el Ayuntamiento mientras él ocupaba su escaño en el Senado.
El PSOE sigue considerando injustificable la existencia de este puesto y denuncia que la modificación del Reglamento Orgánico es una estrategia para mantenerlo pese a la sentencia del TSJCYL. "Carnero ocultó a los ciudadanos su intención de estar en el Senado, y ahora intenta justificar esta figura con una modificación normativa", ha concluido Herrero.
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