Modernizar las administraciones y defender los servicios públicos

"La fortaleza de una sociedad reside en su capacidad para garantizar que los derechos básicos no estén sujetos a las fuerzas del mercado". Este principio, enunciado por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, cobra hoy una relevancia especial. La defensa de los servicios públicos se ha vuelto urgente ante el avance de fuerzas que, desde el populismo hasta la indiferencia administrativa, amenazan con socavarlos. En un contexto de creciente desconfianza en el Estado, de normalización de la mentira y la desinformación, y de aumento de la desigualdad económica, la modernización de las administraciones no es una opción, sino una obligación ética que protege a los ciudadanos.

Esta transformación va más allá de un ajuste administrativo. Es una renovación profunda que permita a las ciudades y a sus administraciones no solo conservar, sino expandir y fortalecer sus servicios públicos como motores de equidad y estabilidad. Defender y mejorar estos servicios no es un acto de nostalgia o tradición; es una respuesta ante la mercantilización de derechos esenciales y una reafirmación del compromiso con el bien común, un compromiso que debe ser técnico y profundamente democrático.

La modernización de las administraciones locales también tiene repercusiones directas en la economía. Al optimizar la eficiencia del sector público, se crean condiciones para una economía más dinámica, menos desigual y, en definitiva, más inclusiva. Los servicios públicos accesibles y de calidad no solo benefician a los ciudadanos en su vida diaria, sino que también fomentan la confianza en las instituciones y el emprendimiento. Una administración pública eficiente reduce tensiones sociales y favorece la innovación y el desarrollo sostenible. En este proceso, los impuestos juegan un papel fundamental. Como señala el economista y Premio Nobel Paul Krugman, "los impuestos no son solo el precio que pagamos por los servicios públicos, también una inversión en el desarrollo, la cohesión y la estabilidad social".

La digitalización es otra herramienta esencial en este esfuerzo. La incorporación de tecnologías digitales permite a las administraciones incrementar su transparencia y reducir la burocracia, acercando el Estado a los ciudadanos. Según estudios del Institute for Government, las administraciones que abrazan la digitalización incrementan su eficiencia y fortalecen su relación con la ciudadanía. Sin embargo, la tecnología no basta por sí sola; es necesario contar con personal cualificado y comprometido, servidores públicos capaces de utilizar estas herramientas de forma ética y eficaz. Como destaca el Banco Mundial, la formación y el desarrollo profesional de los funcionarios no solo se centran en mejorar sus competencias técnicas, sino también en fortalecer su capacidad de resolución de problemas y comunicación con los ciudadanos. El personal capacitado es la base sobre la que se construye una administración pública eficiente, capaz de responder rápidamente a las demandas sociales y a los cambios.

Este proceso de modernización exige, además, una revisión en la naturaleza de los cargos públicos. La reciente crisis provocada por la Dana en Valencia evidenció la falta de políticos competentes y conocedores en áreas como la gestión de emergencias y la planificación estratégica. En tiempos de crisis, el liderazgo no puede improvisarse. Esta carencia subraya la urgencia de renovar los liderazgos con base en competencia y especialización, superando el mero reparto de cargos por cuotas o intereses de poder.

Las consecuencias de no modernizarse son graves y tangibles. Las administraciones locales que no evolucionen corren el riesgo de quedar obsoletas, debilitando las estructuras que sostienen la cohesión social y facilitando el avance de fuerzas populistas que se nutren del desencanto ciudadano. Como muestra el ejemplo de Estados Unidos, donde figuras como Donald Trump y Elon Musk impulsan un modelo que reduce el sector público en nombre de una supuesta eficiencia, transformando derechos en productos y debilitando las instituciones democráticas, el riesgo de abandonar la defensa de lo público puede tener efectos irreversibles. Ante esta amenaza, las administraciones europeas deben consolidarse como garantes de un modelo que asegure justicia y equidad para todos, protegiendo sus valores esenciales frente a la mercantilización y el autoritarismo.

El futuro de las ciudades europeas dependerá de su capacidad para modernizar sus administraciones, fortaleciendo los servicios públicos y preservando los valores democráticos que sustentan su identidad. Como afirmaba Zygmunt Bauman, "una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros, sino que los sostiene y los dignifica". La defensa de lo público, en este sentido, no solo implica mantener servicios esenciales, sino también dignificar a cada persona y garantizarle acceso a una vida plena y justa. Solo una administración comprometida con estos principios podrá enfrentar los desafíos actuales y construir un futuro más humano para todos.

En medio de estos desafíos, es esencial no caer en la hipnosis de los peligros que nos rodean. Como señaló Doris Lessing, "nos hipnotizamos y no notamos -o si lo notamos, menospreciamos- fuerzas igualmente poderosas del otro lado, las fuerzas, en resumen, de la razón, la cordura y la civilización". Son estas nuestras fuerzas, y si las reconocemos y defendemos, serán fundamentales para mantener la estabilidad y avanzar hacia un futuro más justo.