Nos están ganando el relato

Tampoco es que lo que ocurre estos días en España nos pueda sorprender. Al fin y al cabo ¿de quién depende la fiscalía? Pues en teoría, y según la ley, la fiscalía es "una institución independiente que tiene autonomía funcional". Y su función es "promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos". Pero quizá lo más gracioso de todo esto es que a Sánchez le traicionaba el subconsciente con esto de la fiscalía cuando en noviembre de 2019 nos hacía una de esas promesas electorales que han cincelado en piedra su carrera política, nada menos que la de traer detenido a España al prófugo Puigdemont, con el que ahora negocia en Suiza eso del techo de gasto.

Por eso no nos puede extrañar que García Ortiz asegure que no se le ha pasado por la cabeza dimitir "en el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española". Sólo por decir "en puridad" debería ser condenado a galeras. O a prisión permanente revisable, que es lo más parecido que tenemos en España.

Pero por razones que se me escapan, el Supremo no ha tenido en cuenta su imperdonable pedantería. Ni siquiera que García Ortiz se atreva a escudarse en la "independencia" de la fiscalía, que cómo se entere Sánchez... No, lo que el Supremo investiga es la filtración de los correos intercambiados entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto. 

Y ha decidido hacerlo por unanimidad, subrayando en su auto que "no se fija la competencia de la Sala Segunda más que cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado". ¿Y qué quiere decir esto? Pues el Supremo lo explica más claro todavía, por si quedaban dudas: "no basta cualquier sospecha o conjetura" para investigar a un aforado como el fiscal general del Estado. Vamos, que hay sospechas muy fundadas para acusarle de revelación de secretos, un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal.

Dice ahora García Ortiz, no olvidemos que va a ser acusado de un delito y tiene derecho a defenderse, que ese comunicado de la fiscalía del que él se hizo responsable no reveló secreto alguno porque lo que decía ya se había publicado en varios medios. Y no en unos pseudo medios cualquiera, sino en El País, La SER y en un digital, pero de los buenos, el dirigido por el ex teclista y bajista de Meteosat, que no acabó ni la carrera de periodismo. Pero lo que quiere averiguar el Supremo es precisamente eso, cómo llegó el correo del abogado del novio de Ayuso a esos medios tan bien elegidos.

Y resulta que la noche de marras el fiscal Julián Salto estaba en el Metropolitano viendo al Atleti jugar contra el Inter. Y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, le obligó a salir del estadio. El pobre se perdió la prórroga y los penaltis para enviarle "inmediatamente" esos correos que luego, obedeciendo órdenes urgentes, "nos están ganado el relato", reenvió a García Ortiz a su correo particular. Y en cuanto García Ortiz los recibió, esa misma noche, los correos acabaron publicados en esos medios que tan bien defienden al Gobierno de los bulos y el fango. Pues me va a permitir el señor Bolaños una cita textual: "blanco y en botella".

Se pregunta ahora Bolaños, y repiten la milonga todos los ministros del coro, si "puede ser delito en este país contar la verdad y desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, por su pareja y por su entorno político". Bueno, pues dice el Supremo que sí puede. "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad". Claro que, puestos a distorsionar la realidad, también podríamos preguntar con qué se queda el Gobierno, si con un ciudadano particular cuya presunción de inocencia ha sido vulnerada o con un fiscal general dispuesto a delinquir para "ganar el relato".

Pero mejor no hacerlo porque me imagino la respuesta. Lamentablemente en estos tiempos lo que abunda son los políticos, y ahora vemos que también las autoridades del Estado que, pese a que deberían defender por encima de todo la legalidad, se limitan a defender su cargo, sus prebendas y su sueldo, que pagamos todos. Y casi resulta más desagradable incluso ver cómo se sincronizan para llamar bulo a todo lo que contraviene su relato.

De cuánto bulo nos estamos librando gracias a los que pactan en secreto con los defensores de Txapote, esos aliados del Gobierno que nos animaban a defender los derechos humanos violados de ese gran periodista independiente llamado Pablo González, injustamente detenido en Polonia y que ha resultado ser un espía de Putin. Resulta un tanto estomagante ver esa repetición de patrones, con un menú corto y estrecho de sólo dos platos. O "no hay caso", o es un bulo. Siempre igual, da lo mismo que un juez investigue a Begoña, que una jueza al hermano del presidente, que alguien quiera saber qué pasó en realidad con Delcy y sus maletas o que el Supremo, por primera vez en la historia de nuestra democracia, impute al fiscal general.

Lo que no es un bulo, porque los bulos son patrimonio inmaterial de la derecha y la extrema derecha, es que el presidente diga de nuevo, ya no sé cuantas veces lo ha repetido, eso sí siempre en sede parlamentaria para esquivar cualquier denuncia por injurias o calumnias, que Ayuso es corrupta, cuando nunca ha sido condenada, ni siquiera imputada por corrupción.

El presidente que presume de colaborar con la justicia cuando utiliza a la Abogacía del Estado para denunciar por prevaricación a un juez por llamarle a declarar o cuando trata de indultar a los malversadores catalanes a los que en su día nos prometía traer detenidos a España, recurre siempre a eso de acusar a los demás de comportarse como él. La que miente es la derecha, la que tapa la corrupción es la derecha, la que insulta es la derecha. "Nosotros no insultamos". Por eso Esther Peña llama al PP Los Soprano, a Feijóo cómplice del narcotráfico y Sánchez a Ayuso corrupta. Porque todo vale para no perder el relato.