El movimiento okupa vuelve a estar en el foco de atención. No por su presencia en diferentes zonas de Valladolid, como el de Vadillos en su momento, sino por la repercusión que está teniendo al salir en prensa. Todo empezó por el aviso de los vecinos a la policía de lo que estaba pasando en, este caso, la calle Olmedo, ubicada en el barrio de Las Delicias. A diferencia de lo que pasó en anteriores ocasiones, fue el propio concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, el que se presentó en el lugar hasta en dos ocasiones durante el pasado fin de semana.

Bajo su supervisión y responsabilidad, la Policía Municipal estuvo vigilando durante horas el edificio por si a los okupas les daba por salir del mismo sin necesidad de utilizar ni siquiera la fuerza. El problema está en que es ahora cuando el Ayuntamiento de Valladolid está cogiendo las riendas del caso y no como sucedió hace dos años, en 2022, cuando, según ha podido saber TRIBUNA, ya habían ordenado el desalojo del edificio, pero la pasividad a la hora de cometer las diferentes acciones y la lentitud en resolver los problemas administrativos evitaron que se pusiera pie en pared, como ahora, ya tarde, se está queriendo hacer. No obstante, el objetivo del equipo de Gobierno, tras conocer esta problemática, era convencer a que los okupas salieran por su propio pie del edificio y parece que lo van a conseguir.

De hecho, durante la visita de la trabajadora social, los tres okupas, una mujer y dos varones, que aún permanecen en los pisos, se han comprometido a marcharse del lugar rumbo al Albergue Municipal, la solución que les ha propuesto la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, liderada por el edil Rodrigo Nieto. Tras las gestiones de Nieto, al que le llega su turno es al concejal de Urbanismo, Nacho Zarandona. El 'popular' asegura, en declaraciones a TRIBUNA, que tapiarán "de inmediato" el edificio para posteriormente demolerlo con un coste sufragado por el propio Consistorio. "Queremos que el barrio se quede tranquilo y evitar estas ocupaciones indeseadas", confiesa Zarandona.

DOS AÑOS SIN SOLUCIONES

Una de las primeras órdenes que dio el Ayuntamiento para desalojar el edificio de la calle Olmedo, 4 fue en diciembre de 2022. No concedió la posibilidad de prorrogar esta situación y fijó un plazo de siete días naturales para cumplir lo demandado. Eso sí, como ahora hace el actual equipo de Gobierno, requirió a la propiedad del inmueble el tapiado. Se les informó a los vecinos o a los okupas, como en este caso, que si se negaran a salir, el Ayuntamiento se comprometía a hacerse cargo de los gastos, pero avisando que era, en realidad, la propiedad la que tenía que pagar su parte correspondiente. 

El edil Zarandona explica que "se declaró el edificio en ruina, pero en ruina económica" porque costaba "mucho" revertir el estado general de la edificación al comprobar que las cantidades para volver a edificar se excedían. "A nadie le puedes obligar a hacer un gasto tan grande en una edificación tan vieja. Desde lo que pasó hasta nuestros días, la situación ha empeorado", añade. Como no se resolvió en su momento, el movimiento okupa ha actuado en dicha vía todo lo que ha querido.

Fuentes consultadas por TRIBUNA aseguran que ha sido la Policía Municipal, en colaboración con la Policía Nacional, la que se ha visto obligada a intervenir durante mucho tiempo porque cada vez entraba y salía más gente. Es cierto que lograron desalojar a los okupas en 2022, pero el Ayuntamiento no abordó el tapiado, como se reflejaba en los documentos. Esta situación ha sido aprovechada por toda aquella persona que ha necesitado entrar bastantes veces en los pisos hasta que los agentes, en menos de 24 horas, les volvían a echar.

Con el paso del tiempo, las intervenciones han ido en aumento. Son varias las veces que, durante este año, la Policía Municipal ha ido a la calle Olmedo, 4 a desalojar a las personas, mientras el edificio seguía empeorando. En estas últimas semanas, por ejemplo, ha sido cuando los vecinos han sumado fuerzas y han avisado a los agentes que, día sí y día también, los okupas habían accedido al edificio. Aunque Zarandona ha reconocido que se les había cortado los suministros de luz y de agua, la otra cara de la moneda dice lo contrario, algo que puede provocar un fatídico desenlace si los recursos utilizados les juega una mala pasada.

Aun así, según Zarandona, "la parte más defectuosa era donde estaba el paquete de baños porque estaba vertiendo los residuos al patio interior", generando "un problema de salubridad". Por estas razones, el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para abordar una problemática, siempre y cuando no haya nadie en el interior del inmueble que, si los okupas (uno de ellos viene de estar en el Rancho Grande) cumplen su palabra, será este jueves o, en el peor de los casos, antes de empezar el mes de junio.