Una pareja se enfrenta a cuatro años de cárcel por un delito continuado de explotación laboral

Los hechos fueron llevados a a cabo por un matrimonio rumano en la localidad de Medina del Campo

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Una pareja se enfrenta a cuatro años de cárcel por un delito continuado de explotación laboral
Eva Martínez Miguel
Eva Martínez Miguel
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Cuatro años de cárcel, es la posible pena a la que se enfrentará una pareja residente en Medina del Campo, por un delito continuado de explotación laboral a tres ciudadanos marroquíes en explotaciones agrarias de la comarca

 

Los hechos ocurrieron en 2019 cuando el acusado D.U., de nacionalidad rumana y actuando como autónomo a través de la empresa 'Dumitru Ungureano', con domicilio fiscal en Medina del Campo y dedicada a la prestación de servicios agrícolas, se dedicaba  a la captación de personas extranjeras, principalmente en situación irregular, para realizar trabajos agrícolas sin contratos legales, aprovechándose de la necesidad acuciante de estos inmigrantes de conseguir dinero para subsistir, dada su imposibilidad de trabajar de manera legal.

Aunque no estaba dada de alta, junto al principal acusado trabajaba su pareja, C.T., también de nacionalidad rumana, que gestionaba la empresa en igualdad de condiciones.Ambos acusado obligaron a los tres ciudadanos marroquíes a desarrollar jornadas de trabajo desde las 8 a las 22 horas, sin contrato ni alta en la Seguridad, de lunes a domingo, sin días libres ni vacaciones.

El salario de las víctimas era de 5,50 euros la hora, debiendo pagar tres euros diarios por el transporte, además de cien euros mensuales por una habitación que le tenían alquilada los acusados y otros 30 de gastos. Además, los domingos tenían que realizar trabajos en un finca particular de los acusados.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, por lo que solicita imponer para cada uno de los acusados la pena de cuatro años de cárcel. Además, también reclama una multa de 4.500 euros y una indemnización para las víctimas de 4.000 euros por el daño moral causado.

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