"¿Qué es poesía?", se preguntaba Bécquer, "poesía eres tú", se respondía a sí mismo. Ciento cincuenta años después andan Page y Puente en un juego parecido, en el que han cambiado la poesía por el extrarradio, un concepto en que el exalcalde de Valladolid debería ser experto, ya que además de los transportes tiene entre sus actuales ocupaciones eso de la agenda urbana, que no es un cuadernillo con las reuniones previstas para las próximas semanas, sino un plan maestro para expulsar a los ciudadanos del centro a las afueras.

Ya lo dice Yolanda, la ministra que ha descubierto que Juana la Loca ardió en la hoguera y para la que vivir a costa de los españoles en un piso de 443 metros cuadrados en el madrileño Paseo de la Castellana, "es una condena". Y todo, porque como ya cantaban Los Refrescos, "vaya, vaya, aquí no hay playa". Y al no haberla, pues tampoco hay horizonte, esa línea que Yolanda sólo concibe en el mar.

Como Bécquer, andan Puente y Page preguntándose qué es el extrarradio. Y ambos le dicen al otro que el extrarradio eres tú. Dice Puente que, como Yolanda, el PSOE no vive a las afueras, sino en el centro. Como Yolanda y como él cuando vivía en el Paseo de Zorrilla, en ese piso que, a juzgar por lo que pagó, lo debió comprar un Black Friday. Pero se refiere Puente al centro de la Constitución, que es esa zona de la Carta Magna que, como el Madrid Central, está delimitado por unas líneas rojas.

Claro que como Puente es el que manda en la movilidad y en la agenda urbana, las líneas las pinta él y las desplaza según le conviene. Y según le conviene a su partido, ese en el que, como dice Page, el único que gana elecciones es él. Ese partido sovietizado por su líder supremo, Pedro Sánchez, al que, en 2019 cuando ardía Cataluña tras la sentencia del Supremo, le preocupaba que pudiese haber terrorismo.

"Por supuesto que me preocupa y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo. Somos un país preparado desgraciadamente porque lo hemos sufrido, con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy preparadas para luchar contra el terrorismo, y lo que creo que es muy importante es que, desde el punto de vista político, cualquier indicio de violencia también se condene por parte de, en este caso, los máximos responsables de las instituciones catalanas", decía.

Y qué razón tenía con eso de la banalización de los conceptos. Repite Bolaños casi a diario que "este gobierno defenderá siempre a los jueces y fiscales, su independencia y la separación de poderes". Pero luego llegan los de Junts, o incluso los de Sumar, les acusan de prevaricar, y el ministro no hace nada. Tampoco hace nada cuando las acusaciones salen de la boca de la vicepresidenta de Transición Ecológica, que lo del "Reto Demográfico" ya si eso para otra legislatura. Y no contento con no hacer nada cuando les atacan otros, va él y se pone también a ordenarles lo que deben o no considerar terrorismo.

Los "chicos de la gasolina" catalana, como decía Arzallus, están acusados, no sólo por García-Castellón, sino por la Audiencia Nacional y por la Fiscalía, de tenencia, depósito y fabricación de sustancias y aparatos explosivos y de pertenencia a banda terrorista, "cuyo objetivo final era conseguir la independencia de Cataluña empleando para ello la violencia en su máxima expresión". La propia fiscalía añade que los 12 acusados como miembros del ERT (Equipo de respuesta rápida) habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR del que provenían "y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

Pero para Bolaños, para el Gobierno y para sus socios de Junts, esto no debería considerarse terrorismo, porque al fin y al cabo no han matado a nadie. Que es un poco como decir que si a los yihadistas del 11-M les hubiesen detenido en un control a la entrada de Atocha antes de hacer explotar las bombas, no serían terroristas. O que si un señor, o una señora, importa una tonelada de cocaína y el alijo es interceptado en la aduana, no debería ser acusado, o acusada, de narcotráfico, porque nadie se drogó con su producto. Todo un hallazgo jurídico de Bolaños, ese rey de la pirueta dialéctica que nos ha explicado sin inmutarse que "dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la Ley de Amnistía y fuera se queda, cuando supone violaciones graves de derechos humanos".

Así se mantiene esa línea roja que había pintado Óscar Puente y que, gracias a Bolaños, ya no hay que borrar. El PSOE sigue en el centro y Page en el extrarradio. Seamos serios, nos pide Bolaños, "¿de verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree?". Y ante tan sólido argumento, uno no sabe qué responder. Salvo que la cuestión no es si el terrorismo de Cataluña se parece al del País Vasco. La cuestión es qué es el terrorismo.

Y ni las leyes españolas, ni las europeas, ni siquiera Naciones Unidas lo definen como matar o torturar a alguien, sino como suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, alterar gravemente la paz pública, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella, destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales básicas de un país o la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia.  

¿Hicieron algo de esto Puigdemont, Marta Rovira o los CDR? Pues eso, aunque se empeñe Bolaños, deberían decidirlo los jueces, a los que él siempre va a defender. Para eso debería estar el Gobierno, para cumplir y hacer cumplir leyes y sentencias. Y no basta, como ha dicho Marlaska tras ser reprobado, otra vez, por el Supremo, tener "el convencimiento absoluto de que las autoridades actuaron con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y al interés superior del menor, que es un principio básico". La ley no exige convencimiento, sino cumplimiento, y eso debería saberlo quien ha sido juez.

Cumplir la ley debería ser el requisito básico, la misión principal a la que tendrían que dedicar sus esfuerzos Puente, Yolanda, Bolaños, Sánchez y todos los ministros si quieren seguir viviendo en el centro y no en el extrarradio. Y me refiero al centro de la Constitución, no a vivir en el centro de Madrid en palacios o en pisos de gran lujo a costa de los contribuyentes. Y si eso les parece una condena, que les concedan otra amnistía