El Gobierno cierra el año sin tener encarrilados los presupuestos para 2025 ante las dificultades para cerrar el apoyo de todos los socios de investidura, con lo que se prorrogan los de 2023 por segunda vez, después de que la situación política tampoco permitiera sacar adelante unas cuentas para 2024.

El último Consejo de Ministros del año del pasado 23 de diciembre aprobó un decreto ley con medidas de carácter tributario que incluía la extensión de los presupuestos de 2023, aunque la Constitución ya prevé la prórroga automática de las cuentas el primer día del ejercicio hasta la aprobación de unas nuevas.

No obstante, la regulación de los criterios de aplicación de la prórroga presupuestaria es necesaria para actualizar partidas como las pensiones, las bases de cotización a la Seguridad Social, las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica o la implementación de los fondos europeos.

El acuerdo de prórroga contempla además la reasignación de partidas al nuevo componente 32 de respuesta a desastres naturales incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia.

De esta forma, se podrán atender los objetivos de reconstrucción en los territorios afectados por la dana de finales de octubre en Valencia con crédito presupuestario vinculado a los fondos europeos 'Next generation'.

Senda de déficit aún pendiente

Como paso previo a los nuevos presupuestos, el Gobierno tiene todavía que aprobar la senda a medio plazo de déficit y deuda pública que acompaña al techo de gasto de 2025 y que requiere la validación del Parlamento.

Junts tumbó en julio los objetivos de estabilidad en el Congreso y, aunque el Gobierno volvió a presentarlos en septiembre, finalmente los retiró para evitar una nueva derrota.

Con el proceso presupuestario congelado desde septiembre, el Ejecutivo se ha centrado en la aprobación de un paquete tributario para 2025 que incluye un nuevo impuesto a la banca, una subida del IRPF a las rentas altas y al tabaco, y una rebaja de impuestos a las pymes.

Se quedó fuera el impuesto a las grandes energéticas, que ha sido prorrogado por decreto ley, pero que difícilmente podrá ser convalidado por el Congreso si PNV y Junts mantienen su oposición al texto.

Tampoco entró la subida de la fiscalidad del diésel para equipararlo a la gasolina, una medida que el Ministerio de Hacienda sigue negociando en el ámbito político dado que es uno de los hitos comprometidos con Bruselas asociado al desembolso de fondos europeos.