La polémica en Castilla y León sobre la ley del aborto se ha trasladado a la esfera nacional, poniendo a la comunidad en el foco e toda la prensa y la política del país.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, 17 de enero, un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta medida es la respuesta a la intención de parte del Gobierno de coalición de la Junta de obligar a los médicos a mostrar el latido fetal en las primeras semanas.

Según datos de la Consejería de Sanidad, en Castilla y León, más de la mitad de las provincias no han practicado ni un solo aborto desde que se aprobó esta ley en 2010. Ni Ávila, ni Palencia, ni Soria, ni Segovia, ni tampoco Zamora realizan este tipo de servicios, y las mujeres son derivadas a Valladolid, convirtiendo esta capital en el epicentro principal del debate. 

Valladolid también han querido opinar sobre si se trata de una buena media o si, por el contrario, incumple con la propia ley de derecho, y si es viable que exista un desacuerdo entre socios de gobierno como el que se está gestando entre el PP y Vox. 

La presidenta de la Asociación Próvida de Valladolid, María Arranz, asegura que esta posible medida "es muy positiva" y sigue la estela que promueven desde su asociación: "No se obliga a nadie. Se facilitan todos los detalles que muchas veces desconocemos, sin ningún tipo de coacción. Quien vulnera el hecho de elegir es quien empuja a la mujer a abortar". Y sentencia añadiendo que "en Valladolid es muy importante que se aplique algo así".

El arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, destaca la importancia de que una mujer "sea informada" si se plantea llevar a cabo un posible aborto. El religioso recordó que cuando se legisló por primera vez sobre este tema no existían tantos avances como ahora: "un Estado que quiera regular una situación que incluso llama derecho, no puede suprimir para el ejercicio de ese derecho toda la información posible y todas las vías de solución".

Por su parte, la concejala de Igualdad, Victoria Soto, considera este planteamiento como "retrógrado" y pone en duda que pueda ajustarse a la ley: "La ley vigente protege a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, y esta situación pervierte ese artículo. Además, viene a decir que las mujeres nos tomamos el aborto como al improvisado. Todo el mundo debe tener claro que se trata de una decisión muy meditada y dolorosa. Se necesita más apoyo, no más información". 

Las asociaciones femenistas de Valladolid han anunciado la convocatoria de una concentración para este domingo: "por mucho que el Partido Popular niegue que los cambios tengan un propósito antiabortista, suponen una clara maniobra de coacción".

La Plataforma Feminista de Castilla y León recuerda, además, que "los planteamientos reaccionarios" que abanderan tanto Vox como el Partido Popular en ningún caso servirán para acabar con las interrupciones voluntarias del embarazo, sino para poner en grave riesgo a las mujeres con menos recursos económicos.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía por VTLP y actual concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, ha afirmado en sus redes sociales "pasar vergüenza" por este asunto."Ninguna mujer se plantea interrumpir su embarazo a la ligera, sin saber lo que supone", ha declarado, expresando que Vox "desprecia" a las mujeres y que el PP "lo tolera para poder gobernar".