¿Cómo se aplicará el nuevo protocolo de asistencia a las embarazadas?

El anuncio de las nuevas medidas sanitarias para fomentar la natalidad, que incluyen la atención psicosocial a todas las madres que lo requieran, ecografías 4D para el seguimiento del feto y un nuevo protocolo de control de latido entre la sexta y la novena semana de gestación han levantado la polvareda política y ha despertado dudas sobre su aplicación. Varios consejeros de la Junta han aportado hoy sus valoraciones al respecto.

Consejería de Presidencia

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha puntualizado que los profesionales sanitarios no estarán obligados a ofertar este servicio a las mujeres embarazadas que acudan a la primera consulta, a diferencia de lo que declaró Juan García-Gallardo. Preguntado por si esta afirmación suponía desautorizar al vicepresidente del Ejecutivo autonómico, respondió: "No desautorizo a nadie y me remito a la nota emitida por la Consejería de Sanidad, que es la que conoce a fondo el desarrollo de la ley. Hay un total y absoluto respeto a la ley y a los protocolos", aseveró.

Tras mantener una reunión de trabajo en materia de colaboración con la asociación Pajarillos Educa de Valladolid, Carnero reiteró, según recogió la Agencia Ical, que los servicios sanitarios planteados por la Junta como la atención psicosocial, el derecho a ecografías 4D y el control del latido fetal entre las seis y las nueve semanas podrán ser utilizados por la mujer embarazada, en función de lo que demande o no, desde el punto de vista del principio de la voluntariedad.

Vicepresidencia

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, defendió que las medidas anunciadas que incluyen atención psicológica "preferente", ecografías 4D y un nuevo protocolo de control del latido fetal para tratar de evitar los abortos en la Comunidad, están consensuadas con la Consejería de Sanidad "obviamente".

De igual forma, en declaraciones recogidas por Ical, apuntó que se aplicarán "inmediatamente" y desafió a quien crea que no son legales y que pueden suponer una coacción para las mujeres embarazadas que tengan decidido abortar a que acuda a la justicia y lo denuncie, porque si van contra el Código Penal "lo decidirá un juez".

Consejería de Sanidad

"El protocolo está bien, no se cambia. Lo que sí vamos a hacer en insistir en él". Así quiso zanjar el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, la polémica surgida tras el Consejo de Gobierno sobre el protocolo que aplica la Consejería para la asistencia a mujeres embarazadas.

"Me remito a lo que está escrito. Una nota de prensa en la que se habla para fomentar la natalidad de una serie de medidas", sentenció en declaraciones a Ical, para incidir en que desde su departamento, y desde la Junta, se trabajará para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las actividades de apoyo y atención a la mujer embarazada. "La Junta de Castilla y León va a seguir cumpliendo los protocolos, mejorándolos en los casos en los que detectemos que son mejorables, y cumpliendo la ley y respetando la voluntad de la mujer", insistió.

A juicio del consejero de Sanidad las medidas de asistencia a la mujer embarazada en la red de Sacyl son las adecuadas, y no hay motivo para cambiarlas. Se hará, si en algún lugar se detecta que no funciona, o si se produce una situación nueva, amparada por criterios científicos, que así lo recomiende o lo indique. "El protocolo está bien, no se cambia. De momento no hay motivo, no se cambiará. El protocolo es un ente dinámico, que si no se detecta que no funciona, no se cambia", agregó.

Vázquez, quien declinó pronunciarse sobre las declaraciones de García-Gallardo, expresó que se va a velar de manera escrupulosa por la objeción de conciencia. "No voy a entrar a valorar lo que han dicho otras personas, yo valoro lo que está puesto en la nota de prensa que es lo que nos mueve y está hecho de un modo reflexionado", "garantizando el cumplimiento de los protocolos y lo que dice la ley".

De este modo, la asistencia psicosocial planteada por García-Gallardo para las mujeres embarazadas que se planteen abortar, ya se ofrece a todas las pacientes que lo precisen, sea cual sea su decisión, siempre que la matrona detecte que puede existir un problema de salud mental que deba ser tratado por un psicólogo clínico.

Además, las ecografías en cuatro dimensiones, que se realizan en todos los hospitales excepto en Segovia y Ávila, se seguirán ofreciendo en el último trimestre del embarazo, pero bajo criterio médico si el ginecólogo determina que esta prueba puede servir para detectar malformaciones o alguna enfermedad. El objetivo es también que estos dos centros las ofrezcan.

Por último, en relación a las ecografías para escuchar el latido del corazón, se mantendrán, pero a partir de la semana 12 de embarazo y bajo petición médica, puesto que al inicio del mismo podría no detectarse pese a tener un positivo en un test.

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aclaró que las medidas sanitarias para la asistencia a mujeres embarazadas se ofertarán "a todas las mujeres embarazadas", e indicó que serán ellas, "desde su libertad", las que elegirán "si las quieren utilizar o no".

Así lo indicó a preguntas de los medios de comunicación tras la firma en Burgos de un protocolo de colaboración con los responsables de Lares y Acalerte para implantar un nuevo modelo residencial en Castilla y León. Preguntada acerca de la opinión de su consejería de que se den estas opciones a las mujeres embarazadas que vayan a abortar, la consejera explicó que estas medidas se ofertarán a "todas las mujeres embarazadas". "Todo lo que sea avanzar en la mejora de la calidad, en la prestación de servicios es bueno", apuntó.

Por otro lado, cuestionada acerca de las palabras del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien destacó que se mantiene el protocolo de asistencia a las mujeres embarazas, y sobre si todos los hospitales de la Comunidad disponen del material necesario para la realización de ecografías 4D, Blanco indicó que los aspectos concretos de estas medidas se deberán preguntar al mismo consejero.