CCOO, UGT y CEOE Castilla y León garantizaron esta semana la continuidad del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) a pesar de la "aberración propiciada" por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, tal y como la calificaron los sindicatos y sobre la que piden explicaciones al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En un comunicado, destacan que en esta primera semana de 2023 el Serla "ha seguido funcionando con absoluta normalidad tanto en la tramitación de conflictos individuales como en los colectivos". "Ello ha sido posible gracias al esfuerzo y compromiso de los trabajadores que garantizan la prestación de un servicio público y obligatorio frente a la irresponsabilidad de Veganzones, al dejarlo sin financiación en el Presupuesto de este año", recriminaron.

En este sentido, lamentaron que cinco días después de iniciado el nuevo año ninguna autoridad "han aclarado cómo se van a pagar los salarios de estos trabajadores".

El pasado 28 de diciembre, el director del Serla remitió una carta a los sindicatos y la patronal en la que se interesaba por la fórmula de financiación de este servicio público en 2023, una vez entrado en vigor el Presupuesto de Castilla y León que no contempla financiación para el mismo. La respuesta se remitió de manera inminente "advirtiendo que la normativa obliga a la Junta a asumir el coste de este servicio público obligatorio y exclusivo, puesto que no hay otro organismo que pueda asumir sus funciones". De hecho, existe una sentencia favorable a UGT, CCOO, la patronal y la Junta promovida por un sindicato minoritario en la que se reafirma dicha exclusividad del Serla, recoge la Agencia Ical.

Así, el Serla ha mantenido su funcionamiento a pesar de la incertidumbre que ha generado la "decisión aberrante" de Mariano Veganzones de dejar sin presupuesto un servicio público obligatorio, "con la única finalidad de ahogarlo, aunque en ningún caso puede desaparecer". "Frente a la insensatez del consejero, los sindicatos y la patronal asumiremos temporalmente, durante el mes de enero una responsabilidad que no nos corresponde para que mediadores y asistentes técnicos puedan seguir desempeñando sus funciones en aras de dar cumplimiento a un mandato que establece la normativa vigente", sostuvo.

Tanto sindicatos como patronal advierten a Mañueco que "tendrá que responder ante la justicia" y que "no puede seguir deshojando la margarita y permanecer impasible ante los caprichos de un consejero que intenta pasar a la historia de esta Comunidad como el más arrogante, con medidas perjudiciales para el interés de todos los castellanos y leoneses". "Es hora de que Mañueco asuma la responsabilidad que le otorga su cargo, en este caso respecto al Serla como servicio público y obligatorio", sostuvieron en un comunicado.

Citas para todo el mes de enero

A día de hoy, el Serla ya tiene citados actos de conciliación-mediación para casi todo el mes de enero, correspondientes a 349 procedimientos (25 de los que han tenido entrada ya en 2023 y el resto de los de 2022. Se citarán en los próximos días los restantes de 2023 pendientes de citar (23 hasta ayer, lo que suman un total de 48 en esos días hábiles de 2023). En cuanto a los colectivos, ya han tenido entrada tres solicitudes en 2023 y hay una cuarta pendiente de subsanación.

En este sentido, los sindicatos explicaron que 2022 terminó "con cifras muy altas de procedimientos a tramitar". Se han citado actos de conciliación mediación en conflictos individuales en relación con 3.534 procedimientos. Se trata de la cifra más alta en la historia del Serla. Se han gestionado en torno a 4.500 expedientes y tramitado 341 conflictos colectivos, la segunda cifra más alta en la historia del Serla.

En el Servicio trabajan siete personas "a sabiendas de la dificultad de que cobren sus nóminas". "En ese compromiso extraordinario, ante la dejadez de la Junta, también están involucrados la compañía del gas, de la electricidad y el propietario del inmueble alquilado por el Serla, los mediadores y la asistencia técnica puesto que han exonerado los pagos en este mes de enero a la espera de que Mañueco obligue a Veganzones a que resuelva el desaguisado jurídico que ha generado", reprocharon sindicatos y patronal.