La Guardia Civil de Valladolid, intercepta a A.B.B. y a A.B.E., vecinos de Peñafiel, realizando la caza furtiva en la comarca de su residencia.

La Guardia Civil de Valladolid tiene conocimiento por parte de vecinos de distintas localidades de municipios del Valle de Esgueva y de localidades de la comarca de Peñafiel, que durante distintas épocas del año, se están produciendo daños en parcelas agrícolas de cultivo, supuestamente debido a la caza furtiva, así como el perjuicio que causan a los integrantes del coto, por la disminución de piezas de caza.

El Equipo del Seprona de la Guardia Civil, inicio actuaciones para el esclarecimiento de los hechos, efectuándose dispositivos para la localización de los causantes y sancionar dichas conductas, efectuando servicios preventivos contra la caza furtiva por parte del Seprona en distintos horarios y frecuencia.

La pasada noche del día 26/09/22, se estableció un dispositivo especial en el que fueron localizadas dos personas, efectuando dicha práctica cinegética prohibida, con perros desde un vehículo.

Modus Operandi

Siendo el modus operandi la utilización de vehículos a motor, circulando por las tierras, ahora cosechadas, en zig-zag, con el propósito de localizar piezas de caza (liebres), ayudándose del alumbrado del mismo. En la parte trasera transportan perros de raza galgo, procediendo los infractores a soltarlos desde los vehículos en marcha cuando observan liebres para su captura.

Esta actuación se enmarca dentro de los Planes de prevención que se llevan a cabo por parte de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA), de la Guardia Civil de Valladolid, en el que entre otros cometidos se desarrollan servicios de vigilancia y apostaderos en lugares con supuesta actividad cinegética furtiva.

La Guardia Civil remite a las Autoridades competentes denuncias administrativas por infracciones tipificadas en la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, Ley 5/97 de 24 de abril, de Protección de Animales de Compañía de Castilla y León y a la Ley 8/2003, de 24 de abril, sobre Sanidad Animal.

Las infracciones detectadas por la caza pueden alcanzar los 10.000 euros.