Un agente de la Policía Municipal demanda al Ayuntamiento por no cobrar el permiso de paternidad

Impotente, perjudicado, y francamente decepcionado. Así se muestra a TRIBUNA un agente de la Policía Municipal de Valladolid, que prefiere mantener el anonimato, por los problemas económicos que arrastra desde que, en el año 2022, fue padre por primera vez. Desde entonces, no ha parado de luchar, junto a su abogado, para que le abonen las retribuciones pendientes del permiso de paternidad que disfrutó desde el mes de noviembre hasta el mes de junio de dicho año.

A partir de ahí, y aunque el Ayuntamiento de Valladolid le abonó su parte correspondiente del primer mes del permiso, el propio Consistorio se negó a hacerlo cuatro semanas después porque estaría cometiendo "una ilegalidad jurídicamente sancionable". El agente cuidó, junto a su pareja, de su hijo recién nacido con una nómina reducida que, si no fuera por las horas extras (200 euros) no alcanzaría el mínimo aceptable. Es más, le fueron descontando por cada semana disfrutada del permiso 732 euros, lo que le generó un auténtico perjuicio económico sin poder vivir, además, los primeros momentos de su bebé en condiciones.

En su momento el agente eligió una mutualidad antes de ejercer como policía, que fue el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que también le negó sus derechos. Los abogados reclamaron vía administrativa tanto a ISFAS como al Ministerio de Defensa y ambos no asumieron la prestación al no estar contemplada en el régimen de ISFAS y, además, al no trabajar el agente en un servicio vinculado al Ministerio de Defensa. Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Superior de Justicia, en este sentido, tampoco responsabilizan de lo ocurrido al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al entender que el agente no está adscrito en el Régimen General de Seguridad Social.

Sin embargo, la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social y refrendada por el Tribunal Superior de Justicia, invita a abrir la vía contenciosa contra el Ayuntamiento de Valladolid como principal responsable de lo sucedido: "Conviene significar que la previsión existente en el Acuerdo referido al personal funcionario del Ayuntamiento de Valladolid es la de asumir la totalidad de las retribuciones durante el disfrute del permiso referido, tal como alega el ente público por lo que el actor (el policía) no queda desprotegido durante dicho período".

Una vez que las resoluciones citan al Ayuntamiento como solución viable, el demandante se puso, junto a su abogado, manos a la obra. A través de este medio de comunicación, trató de resolver esta cuestión, con buena voluntad, para no tener que acudir a un pleito. Sin embargo, y pese a que se celebró una reunión, incluso, entre ambas partes, el Ayuntamiento de Valladolid no ha contestado al agente. El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco de Paula, entiende, según expone en declaraciones a TRIBUNA, las "circunstancias planteadas". "A pesar de que el Ayuntamiento cuenta con una sentencia favorable en este caso, nos hemos reunido con su representante legal y hemos estado analizando su caso de manera detallada y singular, con el fin de ofrecerle una respuesta adecuada. Sin embargo, es importante destacar que el Ayuntamiento abona retribuciones, y no prestaciones. Aun así, estamos comprometidos en ofrecer la mejor solución posible dentro del marco normativo vigente", explicó.

Con el paso de las semanas, el Ayuntamiento no dio más noticias al respecto a los demandantes, por lo que el agente ya se ha visto obligado a interponer "una demanda contenciosa". Es más, tras reclamar en la vía administrativa al Consistorio, y finalizado el plazo para responder, consideran que "si no es la prestación a lo que no tiene derecho a disfrutar, sí que tendrá derecho a las retribuciones que, en términos económicos, es similar". Al agente le deben, en total, 7.328 euros brutos por las 10 semanas de permiso que disfrutó en el año 2022, ya que no quiso superar esa barrera al ver que no le iban a abonar la parte correspondiente (tenía derecho a disfrutar de seis semanas más de permiso).

En estos momentos, será padre por segunda vez, por lo que afronta un año 2025 con la misma problemática que arrastra desde 2022. De ser una de las noticias más bonitas del mundo, a ser un quebradero de cabeza los primeros meses de cuidados al no tener un respaldo económico detrás. De hecho, si disfruta, a partir de abril (fecha prevista del nacimiento de su segundo hijo) de las 16 semanas de permiso de paternidad sin cobrar un euro por ello, el daño económico puede superar los 20.000 euros. 

El siguiente movimiento que plantean, como comunican a TRIBUNA, es demandar al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, para poder abrir un juicio que confían celebrar este año con el único objetivo de que acabe esta "pesadilla", ya que el agente se siente, año tras año, desprotegido.