El PSOE denuncia que la Diputación deberá reintegrar 648.000 euros por no ejecutar varios programas sociales

El Grupo Provincial Socialista ha denunciado que la Diputación de Valladolid deberá reintegrar 648.000 euros debido a la no ejecución de varios programas sociales, según una resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en la liquidación del Acuerdo Marco de Servicios Sociales del año 2023.

La mayor parte de la devolución, que asciende a 452.000 euros, corresponde a la red de protección a la familia, concretamente a programas de atención a menores en riesgo de desprotección y a familias con cargas graves, así como al servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia. Esta devolución se produce porque la Diputación contrató menos personal del subvencionado y no justificó el importe íntegro concedido.

Los socialistas han señalado que, según la liquidación de la Gerencia de Servicios Sociales, la Diputación tampoco ejecutó el programa Canguros, destinado a familias con menores de 0 a 3 años en zonas rurales con baja demanda de servicios de conciliación. Asimismo, no se contrató a un técnico para el seguimiento y apoyo en la gestión y atención del programa Crecemos, instaurado en más de una treintena de municipios de la provincia, a pesar de ser un gasto subvencionable.

Además, informan que la devolución de subvenciones afecta también al programa de intervención en drogodependencias, donde la Diputación deberá reintegrar 22.678 euros.

El portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha criticado la "incapacidad" de la Diputación de Valladolid para desarrollar estos programas sociales que benefician a las familias y a los menores de los municipios. Ferreira ha señalado que la Diputación ha perdido más de un millón y medio de euros en subvenciones solo durante este año.

La mayor pérdida fue una subvención de casi un millón de euros concedida por la Junta de Castilla y León para el Servicio de Extinción de Incendios, que tuvo que ser devuelta por la "incapacidad del Equipo de Gobierno" para justificar parte de las actividades subvencionables y la desatención a los requerimientos de la Junta. "Hasta tres veces la Diputación ignoró los plazos para presentar alegaciones", critican.

Asimismo, la Diputación tuvo que devolver otra subvención de 529.508 euros procedente de Fondos Europeos destinada a la digitalización del comercio rural. También hubo que reintegrar parcialmente otra subvención de la Junta de Castilla y León destinada a la promoción turística, devolviendo 33.989 euros de los 45.000 euros concedidos, nuevamente por la incapacidad de justificar los gastos.

Para Francisco Ferreira, "es evidente que el Área de Servicios Sociales, que depende directamente del Presidente, no funciona". Añadió que "si la Junta de Castilla y León ya da una cantidad mucho menor de la que está obligada para sufragar estos servicios, es inadmisible que la Diputación tenga que devolver más de medio millón de euros".

El portavoz socialista concluye que, "además de perder subvenciones cruciales para el desarrollo de los pueblos", la Diputación ha tenido que "pagar intereses sobre las cantidades devueltas", lo que agrava aún más la situación financiera.