Piden más de 14 años de cárcel para dos empresarios vallisoletanos por fraude y estafa a la Seguridad Social

Los empresarios vallisoletanos Raúl F.M. y Álvaro C.P. se enfrentan a penas que suman más de 14 años de cárcel por fraude a la Seguridad Social, estafa y falsedad en documento público. De hecho, ambos tendrán que hacer frente a los pagos de multas e indemnizaciones que superan el medio millón de euros. Los hechos se juzgarán el próximo miércoles, 18 de septiembre, en la Audiencia Provincial.

Cabe recordar que en 2015, Raúl F.M. tramó un plan para defraudar a la Tesorería General de la Seguridad a través de la creación de empresas con similares actividades y plantillas. Una vez que las empresas acumulaban deudas, creaba otras con una denominación distinta para continuar con la misma actividad. Para poner en marcha estas acciones, el acusado contó con la participación de Álvaro C.P., su pareja sentimental, que accedió a ser dado de alta como empresario individual.

Llegaron a crear, entre marzo de 2015 y febrero de 2018, siete sociedades mercantiles. Durante este periodo la deuda con la Seguridad Social ascendió a más de 65.000 euros, sin tener en cuenta intereses y recargos correspondientes. El propio Raúl F.M., o través de la persona que figuraba como administradora única de la sociedad solicitante, procedía a comunicar a los trabajadores que, en cuyo beneficio, se iba a obtener la subvención y el cese de su relación laboral para, a continuación, darles de nuevo de alta en otra de las sociedades

Para poder acceder a las ayudas, el acusado, por sí solo o por terceros a sus órdenes, simulaba la celebración con el trabajador de un determinado contrato subvencionable que era comunicado a la entidad que concedía la ayuda, pero que, sin embargo, no se ajustaba a la relación laboral real, puesto que obligaba al trabajador a firmar un acuerdo privado por el que renunciaba a parte de los derechos que atribuía el supuesto contrato.

En concreto, la Fiscalía pide para Raúl F.M. cuatro años de cárcel por fraude a la Seguridad, tres años por un delito de estafa continuado y otros tres años por otro delito continuado de falsedad en documento público. Además, reclama una multa que supera los 250.000 euros. Por su parte, Álvaro C. P. se enfrenta a tres años por fraude a la Seguridad Social y a un año y tres meses por un delito de estafa.