La Audiencia Provincial de Valladolid ordenará busca y captura para un hombre que iba a ser juzgado este miércoles por un delito de aprovechamiento de la prostitución ajena y que no ha acudido a la Sala de vistas, han informado fuentes del caso. El supuesto autor esta acusado de explotar a mujeres en un domicilio, del que las victimas solo podían salir una hora al día y en el que siempre permanecían vigiladas.

Los hechos ocurrieron desde junio de 2020 hasta el 17 de marzo de 2021, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía. El encausado se dedicaba a explotar la prostitución de mujeres de su misma nacionalidad, naturales de Paraguay, con escasos recursos económicos para subsistir y que de forma voluntaria ejercían la prostitución en las condiciones que él imponía. Era el propio acusado el que alojaba a las víctimas, concertaba las citas, y elegía a quien consideraba para cada "servicio" solicitado.

El número de mujeres en esta situación osciló en el tiempo, entre cuatro o siete, que se comprometían a entregar al acusado el 50% de lo que cobraban, mientras tenían que seguir normas cuyo incumplimiento se sancionaba con multas.

Solo podían salir de casa una hora al día, por la mañana, podían librar dos días de cada 15 y nunca en fin de semana, no podían usar el teléfono móvil cuando estaban con los clientes, tenían que estar arregladas y peinadas las 24 horas del día y cuando se llamaba a la puerta tenían que salir urgentemente de la habitación.

Cuando el acusado no se encontraba en el domicilio, vigilaba a las víctimas con un sistema de cámaras con el que las controlaba permanentemente. El ministerio público califica los hechos como un delito de aprovechamiento de la prostitución ajena por el que pide tres años de prisión, multa de 18 meses con cuota diaria de 20 euros.

También reclama una medida de libertad vigilada durante tres años e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o actividad en la que participen menores de edad por un tiempo de diez años.

Además demanda para el acusado el pago de una indemnización a una de las víctimas -la única que reclama por la situación padecida- un total de 10.000 euros por el daño moral causado. EFE