Detenido un hombre en Valladolid por vender dispositivos para ver la televisión de forma ilegal

La Policía Nacional ha detenido a un varón en Valladolid como presunto autor de delitos contra la propiedad intelectual y defraudación en el uso de las telecomunicaciones, concretamente por vender dispositivos para ver la tele de pago de forma ilegal, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La investigación se inició en el mes de abril de 2022 a raíz de la interposición de una denuncia, ya que al parecer, en un conocido portal web de anuncios se publicitaba la venta de dispositivos para ver la televisión, indicando de manera expresa que con los mismos se podía acceder a "todo gratis".

El comprador de dichos dispositivos podía, por tanto, acceder a contenidos televisivos como si estuviera suscrito a una plataforma de pago, pero de manera ilegal, cometiéndose con ello un delito contra la propiedad intelectual y de defraudación en el uso de las telecomunicaciones.

Los agentes realizaron las pesquisas oportunas y comprobaron en primer lugar la existencia de dicho anuncio, el cual seguía activo. Tras numerosas investigaciones, se logró identificar al autor del citado anuncio que residía en la ciudad de Valladolid y que era el vendedor de los productos ofertados con los que se lucraba y causaba un enorme perjuicio a los titulares de los derechos.

Dichos dispositivos consistían en los denominados 'Fire Sticks' específicamente preparados y modificados para ver canales de pago de forma gratuita, ofertándolos a un precio de 70 euros.

La Policía Nacional consiguió eliminar el anuncio que dio origen a la investigación y una vez tramitadas las diligencias policiales el arrestado fue puesto en libertad con cargos tras prestar declaración.

Por parte de la Policía Nacional se advierte de que la venta y utilización de dispositivos de este tipo, o Smart-box modificados para poder ver canales de pago en perjuicio de los titulares de los derechos, supone la comisión de delitos que conllevan penas de cárcel y el pago de cuantías indemnizatorias que cubran el perjuicio patrimonial ocasionado a los legítimos titulares de los derechos objeto de defraudación, generando asimismo un gran perjuicio a la Hacienda Pública.