Los últimos meses de este año servirán para calibrar el sistema de multas y concienciar a los vallisoletanos. Será a partir de 2024 cuando se empiece a multar
Las organizaciones Asamblea Ciclista, Ciudad Sostenible, Comisiones Obreras, Confederación General del Trabajo, Ecologistas en Acción, Federaciones de Asociaciones Vecinales de Valladolid, Federaciones de AMPAS de Valladolid, Greenpeace y Más País han presentado de forma conjunta alegaciones a la Ordenanza por la que se crea la Zona de Bajas Emisiones, que aprobó el Ayuntamiento el pasado 13 de diciembre.
Para los colectivos, en palabras de Javier Gutiérrez, el proyecto resulta "insuficiente" para alcanzar los "objetivos" que son "la mejora de la calidad del aire" mitigando "las emisiones de gas de efecto invernadero". De hecho, creen que el Ayuntamiento demora las finalidades a 2030 porque "los acota a una parte de la ciudad" pertimiendo, a su vez, "el acceso a la misma de la mayor parte de los vehículos que entran en la actualidad". Por esa razón, sugieren que las 2.800 plazas de rotación de los 12 aparcamientos comerciales públicos ubicados en la ZBE pasen a ser ocupados por residentes.
Además, señalan que Auvasa debería seguir mejorando el servicio ampliando "frecuencias" y optimizando "recorridos". Con ello, pretenden que siga potenciandoe la movilidad activa peatonal y ciclista, siguiendo con el plan y el guion sostenible que marca el Consistorio.
Estas alegaciones, por último, según las organizaciones, mejorarán "sustancialmente" una medida que será valorada por el Consistorio en un plazo, tal y como ha confirmado Tribuna Valladolid, de unos tres o cuatro meses con el objetivo, asimismo, de evitar que la contaminación atmosférica siga ocasionando en la ciudad "doscientas muertes" al año.
Otro de los ámbitos que se han sumado a las alegaciones y recomendaciones, es el académico. Las Escuelas Católicas quiere que las familias pueden entrar en la zona para recoger a sus hijos dejando a un lado las restricciones. En este sentido, lamentan que la Ordenanza pueda "provocar un grave problema de accesibilidad a toda la comunidad educativa de estos centros, en especial para las familias no empadronadas en la zona que a diario llevan a sus hijos en coche a los centros escolares que se encuentran dentro de la delimitación de esta zona".
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