Valladolid escenificó su unidad en la exigencia al Ministerio de Justicia de un compromiso claro en la histórica reivindicación de la ciudad de contar con el Campus de la Justicia para evitar la actual dispersión de sedes y "el peregrinaje" de los ciudadanos, y apremió a la firma de un protocolo que recoja que se va a hacer, plazos concretos y fondos para culminar este proyecto.

Varios jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, funcionarios y resto de operadores jurídicos se han concentrado frente al colegio vallisoletano de El Salvador para reclamar la construcción de la Ciudad de la Justicia.

La política vallisoletana también ha querido ser parte de esta jornada de reivindicación, celebrada este viernes, 2 de diciembre, para solicitar al Gobierno de España la ejecución del proyecto que lleva años "en el aire".

Hasta la Plaza de San Pablo se han desplazado políticos como el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar; la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez; el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia;  la representante del Partido Popular en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo; el alcalde de Simancas; Alberto Plaza; y el alcalde de Villalón, José Ángel Alonso. 

El manifiesto que se ha presentado, a las 12.00 horas de este viernes, rezaba que "la ciudad de Valladolid merece, como han merecido otras muchas antes, la construcción del Campus de la Justicia que ponga fin a la dispersión de las sedes judiciales".

Es "un hito para la ciudad" la unidad para que se materialice la aspiración de contar con el Campus de la Justicia fue el mensaje destacado por el presidente de la Audiencia Provincial, Javier Carranza, encargado de leer el manifiesto

Los jueces y magistrados han expresado el descontento que viven al existir este anelo que impide "una adecuda y digna prestación del servicio público". Y han dejado constancia de que el Ayuntamiento ha superado el escollo inicial que suponía la obtención de unas parcelas adecuadas para la construcción, puestas a disposición del Ministerio. 

Unidos por un mismo objetivo

El decano del Colegio de Abogados, Javier Martín, ha declarado para los medios de comunicación que el Ayuntamiento "ha hecho lo que tenía que hacer", al igual que el resto de la ciudadanía. Y ha lanzado una petición clara al Ministerio porque "es a ellos a quiénes les toca mover ficha". Expresando su inconformidad con el presupuesto propuesto: "la dotación presupuestaria de 200.000 euros no da ni para licitar el proyecto de obra".

Puente ha destacacdo que "existen avances" y ha deseado que "se materialicen pronto". El primer edil del Consistorio vallisoletano ha celebrado la unidad política y ciudadana que se ha reunido para luchar "por un  bien común". "Hacen falta compromisos claros y esta fuerza coún va a lograr sacar adelante el compromiso que necesitamos por parte del Gobierno Nacional".

El teniente de alcalde, Manuel Saravia, reconoció el retraso de este proyecto y lamentó que el Ministerio, al que se ha ofrecido un edificio, no haya recogido el guante, aunque, en línea con el alcalde, se mostró optimista en que pronto habrá un protocolo con fechas y fondos.

Por su parte, Conrado Íscar ha remarcado la "necesidad" de que el Campus de la Justicia se haga realidad en Valladolid: "El Ayuntamiento ha gastado ocho millones de euros y, a día de hoy, no hay nada. Tenemos que seguir luchando. Valladolid no puede esperar más".

Pilar del Olmo ha expresado su "descontento" con la gestión del Ayuntamiento y se ha unido a la causa para garantizar el correcto funcionamiento de la justicia en Valladolid: "El Gobierno no ha hecho caso en siete años. La responsabilidad debe repartirse entre el Gobierno Municipal y el Nacional. Hay que trabajar más".