El escándalo de El Salvador: una sentencia pendiente, más de 6.000 estafados y sus dos protagonistas fallecidos

Valladolid se convirtió en noticia en el año 2019 al servir de escenario de la que, hasta el momento, ha sido la mayor trama funeraria de la historia.  La empresa del tanatorio El Salvador, principal grupo funerario de Castilla y León, se veía salpicada por la 'Operación Ignis' que se hacía visible para la ciudadanía vallisoletana y los medios de comunicación el 31 de enero de ese año, con una macrorredada en las instalaciones del mismo.

Un total de 15 trabajadores, entre ellos la familia fundadora que formaban parte de la dirección de la empresa, eran detenidos por la Policía Nacional y el escándalo estaba servido. Todo el país se hizo eco de la llamativa trama delictiva que todavía, a día de hoy, no ha tenido un desenlace.

La familia Morchón, procedente de la localidad vallisoletana de Torrelobatón, conformaba una importante empresa que el patriarca, Ignacio Morchón Alonso, ponía en marcha en la década de los años 80, a través de un negocio que prestaba servicios funerarios y que, poco a poco, fue creciendo como la espuma.

Un exitoso imperio que se derrumbaría como consecuencia de la traición de uno de sus más longevos trabajadores. En 2017, la familia Morchón denunciaba la supuesta extorsión por parte de uno de sus empleados.

"Te voy a dar un tiempo para que lo pienses detenidamente y me llames para llegar a un acuerdo. No me gustaría denunciar los hechos que tú y yo sabemos que ocurrieron", así comenzaba una de las tres cartas que encargado de las incineraciones Justo Martín Garrido enviaba a sus jefes tras su jubilación.

Los hechos a los que se refería, y que amenazaba con destapar, eran el cambiazo de hasta  6.000 ataúdes de alta gama por otros de material desechable durante las incineraciones que se llevaron a cabo entre 1995 y 2015, años en los que el por aquel entonces recién jubilado formaba parte de la empresa.

El empresario denunció la extorsión por parte de su trabajador que terminaría condenado por estos hechos, aunque esta situación daba pie a una nueva investigación que, tras dos años  recabando pruebas, desembocaba con la Policía Nacional irrumpiendo en el tanatorio a primera hora de la mañana de aquel 31 de enero.

La 'Operación Ignis', que lleva ese nombre en honor al dios del fuego y hace referencia a la práctica de la incineración, supuso la detención de hasta 15 trabajadores, entre ellos los miembros de la familia y dirigentes de la funeraria.

Al parecer, este tipo de prácticas delictivas que suponían el 'cambiazo' de las cajas fúnebres se extendían igualmente a la reutilización de coronas y flores en sucesivos sepelios.

La motivación de Justo Martín Garrido fue el descontento del extrabajador con los empresarios que no quisieron contratar a su hijo cuando él iba a jubilarse. Hechos que desembocaron en las amenazas y el chantaje y que, posteriormente, tras la denuncia de los Morchón, supusieron el inicio de esta trama.

El extrabajador había documentado, durante años, con anotaciones en agendas y fotografías de cadáveres en ataúdes de bajo presupuesto, las supuestas estafas que tenían lugar en las instalaciones de la empresa del Grupo El Salvador.

La Policía Nacional recuperó un total de 26 libretas donde, de forma muy precisa, quedaban constatados los hechos delictivos que la Fiscalía denunció ante la Audiencia Provincial de Valladolid.

La Fiscalía de Valladolid apuntó que se llegó a realizar esta estafa con un total de 5.973 cadáveres, es decir, más del 73% de las incineraciones que tuvieron luchar en dicho tanatorio durante esas dos décadas.

El escándalo sonó fuertemente en los noticieros nacionales, convirtiéndose el tema en toda una polémica que acompañó las conversaciones de muchos españoles durante semanas. La repercusión fue tal que la investigación llegó a convertirse en la temática de una chirigota del Carnaval de Cádiz ese año y protagonizó un reportaje especial del exitoso programa de La Sexta 'Equipo de investigación'.

Además de la Fiscalía, hubo una veintena de acusaciones particulares que derivaron en la investigación a los responsables de la empresa por pertenencia a una organización criminal, apropiación indebida, blanqueo de capitales y un  delito continuado contra el respeto a los difuntos.

El fundador de la empresa Ignacio Morchón Alonso pagó una fianza de 800.000 euros para salir de la prisión en la que estuvo interno varios meses y, finalmente, falleció en octubre de 2022, sin haber reconocido los hechos.

Dos años más tarde, el extrabajador que extorsionó a sus jefes y al que pedían seis años de prisión por su participación en esta trama, apareció ahorcado en su casa. Murió a los 73 años en la localidad de Santovenia de Pisuerga, en agosto de 2024.

La familia Morchón y 21 trabajadores, entre ellos el protagonista de la historia que destapó el supuesto fraude, se sentaron en el banquillo en 2023 para hacer frente a esta estafa que habría tenido como resultado unas ganancias ilícitas de 4.048.768 euros.

En el juicio, Ignacio Morchón hijo achacó una gran parte de la responsabilidad de lo que sucedía en su empresa a su difunto padre: "Estaba jubilado sobre el papel pero seguía ejerciendo como jefe en el tanatorio", explicó. Una posible línea de defensa que apuntaría al fundador fallecido como responsable de estos hechos delictivos de los que él, su madre y sus dos hermanas no sabrían nada.

A día de hoy, todavía no se conoce la sentencia de este juicio que, con sus dos protagonistas fallecidos, afectará a la viuda y los tres hijos del cabeza de familia y a los trabajadores de la empresa funeraria vallisoletana que, tras la revelación de este gran secreto, continúa ofreciendo sus servicios con plena normalidad en ocho tanatorios repartidos por distintos puntos de la provincia.