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Hace solo algunos días, el país entero ponía su mirada en Valladolid por el robo de unos gallos. El vídeo de una familia, denunciando el hurto de sus animales, se viralizaba en las redes sociales y toda España se hacía eco de las divertidas imágenes, que daban la vuelta a la península, reabriendo el debate del maltrato animal y las peleas de gallos.
Este caso es mucho más común de lo que se puede llegar a pensar. Es más, hace solo unas horas, la Guardia Civil localizaba un criadero ilegal de gallos combatientes con 136 aves en la localidad vallisoletana de Tudela de Duero.
Este tipo de actuaciones de la Guardia Civil de Valladolid tiene una larga trayectoria en la provincia, como lo demuestran las actuaciones llevadas a cabo en años anteriores.
En 2019 en Tordesillas, donde se desmanteló una red, que organizaba peleas de gallo con apuestas ilegales resultando once detenidos, tras ser sorprendidos en plena pela de gallos, así como 22 gallos heridos y/o fallecidos, crestas amputadas, espolones afilados y dinero en metálico de las apuestas organizadas.
En 2020 en Valladolid se descubrió junto con Policía Local de Valladolid, en el interior de unas naves sitas en un polígono industrial de esta capital, quince gallos de la raza combatientes españoles que presentaban mutilaciones de cresta y otro tipo de lesiones compatibles con su participación en peleas de gallos, así como una cinta de entrenamiento, un tentadero y utensilios veterinarios, en este caso se investigaron cinco personas.
En 2021 en Corcos de Valle, en un terreno situado a las afueras de la localidad se concentró un gran número de vehículos, y en una caseta de la finca, en su interior había un tentadero con restos de sangre, plumas para peleas de gallos con gradas de madera a su alrededor, varias notas manuscritas con nombre y anotaciones de importes, seis gallos heridos y/o fallecidos, crestas amputadas y espolones afilados y dinero en metálico de las apuestas organizadas. En esta operación se investigó a 11 personas.
Todos los autores están acusados de un delito continuado de maltrato animal, castigado en el artículo 337.1 del Código Penal con penas de tres meses a un año de prisión.
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