Un informe de Ecologistas en Acción ha revelado que Valladolid y otras 14 ciudades españolas excedieron en 2024 el nuevo límite anual de dióxido de nitrógeno (NO2) establecido por la Unión Europea, fijado en 20 microgramos por metro cúbico, límite que será obligatorio en 2030. En Valladolid, la estación de Arco de Ladrillo registró 21 microgramos, lejos de los 10 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna ciudad superó el límite actual de 40 microgramos, pero la organización alerta sobre la insuficiencia de las políticas ambientales.

El análisis, basado en datos de estaciones oficiales de control del aire en 15 ciudades que representan el 25 % de la población española, apunta al tráfico motorizado como principal responsable de los elevados niveles de NO2. Ciudades como Madrid, Barcelona, València, Málaga y Murcia registraron los peores valores, con concentraciones anuales superiores a 30 microgramos por metro cúbico en puntos críticos.

Aunque la presencia de este contaminante ha disminuido en los últimos años debido a la modernización del parque automovilístico y el aumento de vehículos de gasolina en lugar de diésel, Ecologistas en Acción señala que todas las ciudades analizadas deben intensificar esfuerzos para cumplir con las normativas de la UE. Las concentraciones más bajas se registraron en ciudades como Oviedo, Palma, Córdoba y Valladolid, pero todas superaron el nuevo límite legal.

La organización denuncia también la deficiente ubicación de las estaciones de medición en muchas ciudades, que no reflejan adecuadamente la contaminación real en las áreas más afectadas por el tráfico. Este problema hace que los datos de algunas urbes, como Alicante, Vigo o Las Palmas, no sean representativos de la calidad del aire que respiran sus habitantes.

Ecologistas en Acción reclama una revisión urgente de las estaciones de control de calidad del aire y políticas más ambiciosas para reducir el tráfico urbano. Entre las medidas propuestas, destaca la creación de zonas de bajas emisiones más eficaces. Aunque los municipios de más de 50.000 habitantes estaban obligados a implementarlas hace dos años, solo una veintena lo han hecho formalmente, y con importantes deficiencias, según el Defensor del Pueblo.

La organización pide además al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que sancione a los ayuntamientos que no han cumplido con esta obligación, exigiéndoles la devolución de los fondos europeos destinados a mejorar la calidad del aire. "Es imprescindible reducir la dependencia del automóvil en las ciudades para proteger la salud pública", concluyen.