El Pleno de diciembre de la Diputación de Valladolid aprueba, por unanimidad, la convocatoria del nuevo Plan Provincial de Gasto Corriente. Contará con una nueva línea de ayudas por valor de diez millones de euros, que permitirá avanzar en la simplificación administrativa y en la reducción de burocracia, al tiempo que dota de mayor liquidez y disponibilidad de tesorería a los ayuntamientos.

Esta nueva línea aglutina a las que formaban el Fondo de Actividades y Servicios, el Plan de Libertad de Gastos y el Plan de Mantenimiento de Gasto Corriente de los Planes Provinciales. Pero con un incremento de 240.000 euros sobre la suma de las anteriores convocatorias.  

Además, la institución provincial da el visto bueno al Plan de Apoyo al Empleo (PAE) de los ayuntamientos, de cara al próximo año y con un importe total de 2,8 millones. Este busca así dinamizar los núcleos rurales y fijar población en los mismos. Así como permite a los ayuntamientos de la provincia con menos de 200 habitantes y a las entidades locales menores acceder a subvenciones, para financiar la contratación de personas en situación de desempleo. 

También aprueba el Plan Director de Transformación para la Innovación Digital Administrativa de la Diputación de Valladolid 2025-2029. Este se articula en seis ejes y 48 medidas, con el objetivo de aplicar la innovación tecnológica, para implementar nuevos modelos de gestión y liderar un proceso que convierta a la provincia en un territorio inteligente. 

Asimismo, sale adelante la resolución del Fondo de Cohesión Territorial que incluye 173 actuaciones por un importe total de 1,2 millones de euros, de los cuales 628.159 euros corresponden a la aportación de la Junta de Castilla y León; 314.080 euros, a la Diputación de Valladolid y 314.079 euro, a los ayuntamientos beneficiados.

Prórroga de la ayuda a domicilio

Por último, aprueba la prórroga forzosa del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio por una duración de tres meses (hasta el 30 de abril de 2025). La prórroga atiende a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio a partir del 31 de enero de 2025, fecha en la que finaliza el actual contrato, al tratarse de un servicio esencial y obligatorio en su provisión de conformidad con la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. La prórroga supondrá un importe máximo de tres millones de euros, pero todavía está en fase de valoración de las ofertas presentadas y adjudicación del nuevo contrato.