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La superficie quemada este año por incendios forestales en Castilla y León ha descendido un 75 por ciento respecto a la media del decenio, con un total de 4.684 hectáreas, de las que 1.070 fueron arboladas. Además, el número de fuegos ha bajado un 41 por ciento en comparación a la media de los últimos diez años, para bajar hasta los 811.
Estos datos fueron ofrecidos este martes por el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de las Cortes de Castilla y León para informar sobre el balance de la campaña de lucha contra incendios forestales correspondiente al año 2024, campaña que calificó de "excelente y excepcional", ya que junto a las de 2018 (910 incendios) y de 2020 (904 incendios) ha sido las mejor de la serie estadística de Castilla y León desde 1984, informa Ical.
Esta campaña solo se produjo un gran incendio forestal, en Astorga (León), con 589 hectáreas quemadas, de las cuales 233 eran arboladas. Además, el número de declaraciones de niveles de gravedad fue inferior a la media histórica reciente, con 23 casos (18 de nivel 1 y 5 de nivel 2) frente a un promedio de 27 en el periodo 2014-2023.
Al mismo tiempo, se observó un leve descenso en incendios intencionados (52 por ciento frente al 55 por ciento promedio 2014-2023) y un incremento en los de causas naturales, como rayos (del 8 por ciento al 10 por ciento), mientras que las negligencias y accidentes se mantuvieron estables (29 por ciento). Estos resultados, en gran medida, son atribuidos a la labor del personal operativo, cuyo trabajo permitió contener el 75,71 por ciento de los incendios en fase de conato (614 casos), evidenciando su alta eficacia frente a las adversidades, según destacó Suárez-Quiñones.
Entre enero y octubre de 2024, el operativo de incendios forestales en Castilla y León realizó 1.530 intervenciones, de ellas, 811 han sido incendios forestales, 30 fuera de la Comunidad y en 689 ocasiones se ha actuado en incendios periurbanos o agrícolas, que aun no siendo competencia del operativo, siempre actúa en apoyo de las Administraciones responsables de su extinción, recoge Ical.
El 75,7 por ciento de los incendios forestales se quedó en conato, superando la media del decenio (70,1 por ciento), y solo el 24,3 por ciento afectó más de una hectárea (197 incendios). La superficie forestal quemada fue de 4.684,69 hectáreas, un 75 por ciento menos que el promedio histórico (19.175,15 hectáreas), mientras que las hectáreas arboladas afectadas disminuyeron un 83 por ciento (1.070,06 frente a 6.505,89).
La mayoría de los incendios ocurrieron en verano, con picos en agosto (207) y julio (179). Solo se registró un Gran Incendio Forestal, en Castrillo de los Polvazares (León), causado por negligencia, quemando 589 hectáreas (233 arboladas). La UME intervino en tres incendios: Alcañices, Castrillo de los Polvazares y Villagatón. En total, se declararon 23 niveles de gravedad según el Plan Infocal, por debajo del promedio del decenio (27), con 5 de nivel 2 y 18 de nivel 1.
En esta campaña, los incendios por causas naturales, principalmente rayos, aumentaron ligeramente al 10,6 por ciento (86 casos), mientras que los incendios intencionados disminuyeron al 52,4 por ciento (425 casos), por debajo de la media del decenio (55,1 por ciento). Los incendios por negligencias y accidentes se mantuvieron estables, representando el 28,96 por ciento (240 casos). El resto se debe a causas indeterminadas (6,41 por ciento) o reproducciones (0,99 por ciento).
León fue la provincia con más incendios (180), seguida de Burgos (111) y Ávila (103), mientras que León y Zamora registraron las mayores superficies forestal y arboladas afectadas. Los datos recogidos por Ical, subrayan la importancia de reforzar la concienciación ciudadana, respetar normas preventivas y colaborar en la investigación para sancionar incendios intencionados.
Según explicó el consejero, la campaña de lucha contra incendios forestales de 2024 se ha caracterizado por una gestión integral que ha reforzado recursos humanos, materiales y tecnológicos, además de consolidar una estrategia preventiva, formativa y de sensibilización ciudadana.
En primer lugar, Suárez-Quiñones destacó que el personal operativo ha sido el gran protagonista, con un despliegue de 4.720 efectivos, de los cuales más del 71 por ciento pertenece al ámbito público. Este equipo, según destacó, se ha fortalecido mediante la creación de nuevas plazas para técnicos y operadores en los centros de mando, así como la ampliación de jornadas laborales para personal de vigilancia, extinción y prevención. La formación continua ha sido un pilar fundamental, con cursos especializados en gestión de incendios, prevención y habilidades psicosociales, destinados a mejorar la preparación del personal frente a escenarios de alta complejidad.
En cuanto a los recursos materiales, el consejero apuntó que se han desplegado 31 medios aéreos, más de 200 cuadrillas terrestres y helitransportadas, 360 autobombas, 40 bulldozers y 266 puestos y cámaras de vigilancia. Estas capacidades se han complementado con "importantes mejoras en infraestructuras", como la construcción de nuevas bases para autobombas y la renovación de puntos de agua estratégicos, lo que asegura una cobertura eficiente en todo el territorio. Además, se ha apostado por la renovación de la flota de vehículos con fondos europeos, incluyendo la adquisición de 30 nuevas autobombas en 2023 y la planificación de 20 más para 2025.
En el ámbito tecnológico, se ha dado un paso adelante con la implementación de plataformas avanzadas como Sinfo2, para la gestión centralizada de incendios, y la plataforma pública Inforcyl, que ofrece información en tiempo real sobre el estado de los incendios y los recursos desplegados. También se han reforzado los sistemas de vigilancia con la instalación de nuevas cámaras y la modernización de la red de comunicaciones, mejorando la cobertura territorial y la coordinación durante emergencias.
La prevención ha sido un eje central de la estrategia, impulsada por una colaboración estrecha con las administraciones locales y los agentes del territorio. Esto ha incluido iniciativas específicas dirigidas a ganaderos, cazadores y emprendedores para fomentar prácticas sostenibles y reducir riesgos. Además, se han desarrollado campañas de sensibilización que han llegado a miles de escolares y se ha trabajado en talleres y exposiciones para concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y la labor de los equipos de extinción.
El operativo también ha recibido respaldo externo en once ocasiones por parte de otras comunidades autónomas, como Aragón, Asturias, Galicia y Madrid, y del gobierno de Portugal en una intervención. Además, se ha contado con el apoyo de la Administración General del Estado, incluyendo efectivos del Miteco, la UME, Guardia Civil y Seprona, quienes han contribuido con vigilancia, seguridad y control de causas. Destacan 53 intervenciones de medios aéreos del Miteco y tres de la UME en incendios en León y Zamora.
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