El Congreso aprueba el paquete fiscal del Gobierno: principales medidas y nuevos impuestos

El Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley que regula el paquete fiscal del Gobierno, que pasa ahora al Senado para continuar su tramitación, que incluye medidas como los impuestos a la banca y los vapeadores o una subida de la fiscalidad del tabaco.

Tras semanas de duras negociaciones y vetos cruzados, que llegaron a poner en peligro una norma que prevé recaudar 8.000 millones, el proyecto de ley ha resultado aprobado por 178 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, Podemos, BNG y CC) frente a 171 votos en contra, según informa EFE

Estas son las principales medidas incluidas en esta ley:

- Transposición de la directiva que regula un impuesto complementario para que las multinacionales paguen, al menos, un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15 % de su resultado contable ajustado.

- Creación de un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, con tipos de entre el 1% y el 7% y dos importantes deducciones, una de parte de la cuota del impuesto de sociedades y otra extraordinaria en caso de pérdida de rentabilidad.

- Subir dos puntos el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros, de manera que el tramo pasaría del 18% al 20%.

- Gravar los vapeadores y subir la fiscalidad del tabaco.

- Modificar el impuesto de sociedades para compensar la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del PP. Esto implica limitar la compensación de bases imponibles y deducciones por doble imposición, revertir deterioros de valor y extender la limitación de la compensación de las pérdidas de las filiales.

- Cambios normativos para combatir el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.

- Bajar progresivamente el impuesto de sociedades para las empresas que facturan menos de un millón de euros.

- Impulsar la modificación de la directiva europea del IVA para que se pueda gravar a los pisos turísticos.

- Regulación de la incompatibilidad entre la percepción de una pensión vitalicia por incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez y un trabajo que suponga darse de alta en la Seguridad Social, en cuyo caso se suspendería el pago de la pensión hasta que se produzca el cese en el trabajo.