El pasado 09 de febrero de 2024, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, ordenó la investigación y comprobación de unos hechos denunciados en sede judicial basados en la presunta comisión de los delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, lo que fue derivado a la Guardia Civil de Valladolid.

La parte demandante, formuló una denuncia, ya que tras una serie de procedimientos judiciales dilatorios de la Sociedad demandada, esta no hizo frente al abono de un pago que, de manera indebida, había cobrado por valor de 235.500 euros, según consta en sentencia previa.

Así, la Guardia Civil en el marco de la operación Milkeda, realizó una exhaustiva investigación, donde se pudo constatar que en el año 2008, la sociedad demandada cesó su actividad, presentando un concurso voluntario de acreedores el mismo día que le fue notificada la sentencia en el año 2021 que les obligaba, en resolución judicial firme, a reintegrar la cantidad que previamente y de forma indebida recibió.

También se comprobó que el concurso voluntario de acreedores, realizado tras conocer la resolución de la demanda, se produjo 13 años después del fin de actividad empresarial.

Por otra parte, se pudo comprobar, que el dinero reclamado de la parte demandante, se utilizó para numerosas compras que no se correspondían con la actividad empresarial de esta sociedad, tales como compra de vehículos a motor, adquisición de vivienda, certificados de vehículos históricos, compra de ropa deportiva y transferencias bancarias entre varios de los miembros del consejo de administración y otras transferencias desviadas particulares sin conexión aparente con la empresa demandada.

Del estudio de toda la documentación obtenida procedente de diferentes Administraciones Públicas, se determinó que tras el cese de la actividad de la sociedad demandada, los administradores crearon una nueva empresa con el mismo objeto social, la cual estaba formada por algunos de los socios fundadores que componían el consejo de administración anterior.

Posteriormente, tras el estudio y análisis de la documentación recapitulada, se logró demostrar la conducta punitiva necesaria para realizar la comisión de los delitos de alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Tras numerosas gestiones para lograr la localización de las personas relacionadas con estos delitos, se logró identificar a un total de seis, los cuales residen habitualmente en las localidades de Valladolid, Ponferrada (León) y Barcelona, todos de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 44 y 81 años.

Conocido todo lo anterior y recopiladas todas las pruebas, se procedió a tomar declaración en calidad de investigados, a las seis personas antes citadas, como supuestos autores de los delitos mencionados. No se procedió a su detención, debido a dar fianza de su disponibilidad para la realización de la acción de la justicia.

Especial dificultad entrañó encontrar y demostrar la culpabilidad del máximo responsable de las sociedades investigadas, pues éste, se encontraba desarrollando su actividad laboral en Sudamérica, lo cual dilató la investigación durante varios meses.