El director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, está siendo investigado por la presunta manipulación del audio de la declaración de un menor en un caso de divorcio en Valladolid. La Fiscalía intentó sin éxito que fuera citado como testigo. La Audiencia Provincial de Madrid ratificó su imputación tras desestimar el recurso de apelación de la Fiscalía contra la decisión de la juez Susana Trujillano de citar a Cubo como investigado.

El origen de la denuncia proviene de la solicitud del padre del menor para obtener la grabación de la declaración de su hijo, realizada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid. Al comprobar que la calidad del audio era insuficiente, solicitó una nueva grabación que resultó imposible de recuperar según el Centro de Atención al Usuario de Justicia (CAU). Un informe del Laboratorio de Informática Forense Europeo reveló la introducción de "un ruido rosa" en el audio, lo que llevó al padre a denunciar a la Dirección General de Transformación Digital.

La denuncia del padre, respaldada por el informe pericial, desencadenó la investigación sobre la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, encargada de custodiar las grabaciones judiciales. A pesar de la petición de la fiscal para que Cubo fuera citado como testigo, la juez y la Audiencia Provincial argumentaron que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite recurrir decisiones que acuerden la práctica de pruebas y que el juez tiene la facultad de decidir sobre las diligencias necesarias.

La fiscal Paz Ruiz sugirió que sería más útil para la investigación que Cubo declarase como testigo debido a su conocimiento técnico, lo que le obligaría a responder y decir la verdad, a diferencia de su derecho a no declarar como imputado. Según Ruiz, Cubo podría aclarar el proceso de grabación y digitalización de los audios, así como la posible introducción del ruido rosa que interfiere con las voces grabadas.

La juez de Madrid decidió en marzo citar a Cubo tras corregir su decisión inicial de inhibirse en favor de los juzgados de Valladolid, considerando que la competencia territorial correspondía a los juzgados de Madrid, donde se encuentra la sede de la Dirección General de Transformación Digital y los servidores que contenían la grabación. Esta decisión contó con el apoyo de la Fiscalía en ese momento.

La investigación sigue su curso con Cubo como imputado, quien deberá declarar sobre los hechos denunciados, mientras que la Fiscalía insistió en la importancia de su testimonio técnico para esclarecer el caso. La situación se mantiene tensa entre la defensa de Cubo y la postura de la Fiscalía y el juzgado, centrada en determinar si hubo una manipulación deliberada del audio de la declaración del menor.