Este lunes 17 de junio ha comenzado el juicio por el fallido proyecto 'Meseta Sky' en la Audiencia Provincial de Valladolid. En el banquillo de los acusados se sientan el alcalde de Olmedo y entonces vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno, junto a tres miembros de la Sociedad de Desarrollo de Valladolid (Sodeva): Pedro Pariente, Luis Torroglosa y Valetín González, el arquitecto.

Los cuatro están acusados de un delito continuado de prevaricación y la Fiscalía pide siete años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un delito en un proyecto que arrancó con una inversión prevista de cinco millones y que finalmente se disparó hasta los doce millones.

Los recursos de la defensa, que decían que los delitos habían prescrito, fueron desestimados tanto por la entidad judicial como por la acusación popular. Esta por su parte pide once años de inhabilitación y casi doce millones de euros como indemnización.

El portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León, Luis Oviedo, como el portavoz en la Diputación de Valladolid Toma la Palabra, Julio Pereda, lamentaron que este juicio se celebre con 16 años de "retraso". También destacaron que este caso, en el que también se produjo una clara "malversación" de fondos públicos, se está juzgando gracias a su denuncia ante la Fiscalía.

Los hechos se remontan a 2006 cuando Sodeva se planteó abrir un centro de deportes de invierno y encargó un informe al objeto de analizar las potenciales localizaciones para la realización de una pista de sky y snowboard sintética en la provincia. Se estimó una inversión inicial de cinco millones de euros para una pista de 30 por 20 metros para principiantes y otra de 250 por 30 metros para avanzados además del diseño y mantenimiento del complejo y la explotación de los servicios de entradas, alquiler de material, alojamiento, cafetería restauración, actividades deportivas y demás servicios adicionales en la localidad de Villavieja del Cerro (Tordesillas).

Adjudicación

Finalmente, el proyecto fue adjudicado en junio a la empresa Corsan-Corviam. Las obras arrancaron el 27 de julio de 2006, tras una modificación en la longitud y en la superficie en las instalaciones que presentó el Consejo de Administración y que lleva a la empresa constructora a aumentar considerablemente el presupuesto hasta los casi siete millones y medio de euros.

El fiscal sostiene que el proyecto inició sin licencias al cambiar el proyecto y también sin la aprobación del consejo de Sodeva que no aprobó el presupuesto hasta el 17 de noviembre de 2006.

Las obras se suspendieron en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Tordesillas. Después se reanudaron en enero de 2007 y arrancaron los problemas con las licencias que acabaron en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valladolid con la paralización del proyecto. En el año 2018, las obras serían parcialmente demolidas con el fin de dar cumplimiento a una sentencia judicial.