El Pleno del Ayuntamiento de Simancas ha rechazado la Ley de Amnistía registrada en el Congreso de los Diputados para su aprobación, que pretende beneficiar a los encausados por el referéndum ilegal celebrado en Cataluña en 2017.

En un texto consensuado por PP y Vox, y que ha contado con el apoyo de Ciudadanos, el Pleno rechaza "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español o extranjero en España, cualquiera que sea su delito".

Los firmantes del texto consideran "que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes su cumplimiento".

También recuerdan que el Tribunal Supremo "condenó a los líderes de la intentona golpista de 2017 a penas de entre 9 y 13 años de Prisión por Sedición y Malversación". Carles Puigdemont "hoy es un socio preferente del gobierno de Sánchez", y pretende que las sentencias condenatorias "no solo le sean perdonadas, sino que además esos delitos aparezcan como nunca efectuados, cuestionando la ley por la que fue condenado y a los tribunales que lo hicieron".

El texto aprobado se trasladará a Presidencia del Gobierno, a dos de las vicepresidencias, al ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, así como a la Junta de Castilla y León y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Violencia contra las mujeres

El Pleno ha aprobado celebrar cada 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la lectura de un manifiesto que se elaborará entre todos los grupos políticos buscando el mayor consenso posible.

La decisión se ha adoptado en un acuerdo alcanzado por los grupos de PP, Ciudadanos, PSOE y Simancas Toma la Palabra.

También se ha aprobado instar a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a revitalizar el curso del Canal de Tordesillas y su entorno mediante la instalación de una vía verde.

Asimismo, el Pleno ha dado el visto bueno a actualizar el precio del agua de acuerdo con el IPC, como se especifica en el contrato firmado con la compañía Aquona, responsable del servicio, además de dar el visto bueno a un ajuste contable para la modificación de crédito que permitirá hacer frente a diferentes gastos municipales.