Hoy, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha solicitado al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que modifique las normas urbanísticas territoriales de ámbito provincial, las cuales afectan a más de cien municipios de la provincia. Asimismo, la UCCL propone prohibir la instalación de macroparques de energía fotovoltaica en suelo de alto interés agrícola, y trasladar esta petición a aquellas localidades que tengan normas urbanísticas propias.

Así se lo trasladó la organización profesional agraria al presidente de la Diputación en la reunión mantenida esta mañana y en la que UCCL, según apuntó en un comunicado remitido a Ical, compartió la necesidad de aumentar la producción de energía renovable en España "pero no a costa de la actividad de los agricultores y ganaderos".

Por ello, UCCL Valladolid defiende "un crecimiento atenuado y racional" de la producción energética de fuentes alternativas, "con visión de conjunto, salvaguardando las zonas de alto valor natural y de interés agrario y priorizando la instalación de los parques de energía en zonas improductivas, menos productivas o, cuando sea posible, urbanas".

"Todos necesitamos la energía, de eso no hay duda, y cuanto más limpia, mejor, pero también necesitamos la alimentación y los cultivos no pueden crecer en cualquier parte", señalaron desde UCCL Valladolid, por lo que consideran necesario regular la instalación de parques fotovoltaicos en la provincia de Valladolid dado que ya se tiene "zonas saturadas de placas solares, originando graves perjuicios a los agricultores de estas comarcas".

Entre otros temas, también se ha tratado en la reunión la exención del IBI de naturaleza rústica de los periodos 2022 y 2023, en aplicación del Real Decreto Ley 4/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía para aquellas explotaciones agrarias que deben haber sufrido en el ejercicio 2021 y 2022 una reducción del rendimiento neto de, al menos, un 20 por ciento con respecto a la media de los años 2018, 2019 y 2020 y de un 30 por ciento si la explotación no se encuentra en zona con limitaciones naturales o específicas.