Son 23.000 trabajadores menos que antes del Covid-19
La entrada en vigor de la Reforma Laboral en abril de 2022 provocó que el pasado año la Inspección de Trabajo en Castilla y León obligara a la transformación de 6.500 contratos temporales en indefinidos, que supuso un aumento del 26,7 por ciento respecto al 2021. Ese es uno de los datos que expone el informe 'Situación Económica y Social Castilla y León 2022', elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), que recoge, además, que el pasado año afloraron 6.318 empleos sumergidos*, un 87,6 por ciento más que en años anteriores. Este aspecto destaca por el liderazgo de la provincia de Valladolid, a la cabeza de la Comunidad con 2.163 trabajadores. León (1.187) y Burgos (965) completan un podio que sigue de cerca Salamanca (579), Palencia (417), Zamora (367), Ávila (301), Segovia (260) y Soria (79).
En cuanto a la citada cantidad (6.500) de contratos temporales que pasaron a ser indefinidos, Burgos (1.419) y León (1.417) se situán por delante de Valladolid (957). Por su parte, Salamanca (687), Palencia (458), Zamora (420), Soria (384), Ávila (375) y Segovia (373) se mantienen por detrás. Otro de los apartados que se analiza en el informe son las infracciones donde Valladolid destaca por encima del resto con 267, por delante de Burgos (194), León (152) y Salamanca (146). En el extremo opuesto se situa Palencia, con 15, seguida de Segovia y Zamora, con 42 en ambos casos, Ávila (48) y Soria (60).
Este estudio también comparte actuaciones en materia de Relaciones Laborales y de Seguridad Social. En el primer caso, fueron 12.220 en total las que se llevaron a cabo, en las que se detectó, no obstante, 966 infracciones, de las que en 41 se incumplió la Ley de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. León lidera el ranking, en este sentido, con 2.548 actuaciones, superando a Valladolid (2.414) y a Salamanca (2.095). Palencia, sin embargo, fue la única provincia que sufrió un ligero descenso en el número de actuaciones (1.093).
En el segundo caso, ya en materia de Seguridad Social fueron 45.728 actuaciones. Del total, esta vez, 2.485 acabaron en infracción. Es decir, un 54,3 por ciento más que incluye la comparativa expuesta en el informe entre el año 2022 y el año 2021.
*Quiere decir que un trabajador presta a un servicio a una empresa y cobra un sueldo, pero sin estar dado de alta en la Seguridad Social.
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