En el periodo vacacional y con las altas temperaturas los españoles son llamados a las urnas el domingo 23 de julio. Debido a estos factores, las solicitudes para votar por correo se han disparado. Según las estimaciones del sindicato UGT de Correos, cerca de 2 millones de personas ya habrían solicitado el voto por correo, una cifra muy lejana a las anteriores elecciones donde se contaron más de 984.000 votos. 

Ante la celebración de las elecciones en medio del periodo estival, ha vuelto el debate: si de forma telemática se hacen trámites de la Administración, se pueden abrir cuentas bancarias o se firma digitalmente, ¿por qué no se puede ejercer el derecho a voto por Internet?

Tomando como ejemplo la Unión Europea, los estonios pueden votar de forma telemática desde 2005 cuando llevaron a cabo una campaña para impulsar la administración electrónica y los servicios digitales a todos los niveles de la sociedad. Los votantes tienen que descargar una aplicación, introducir su DNI en el lector y verificar su elegibilidad para votar y su distrito.

El voto telemático existe en España pero alejado del nivel institucional. "Se está haciendo en algunas elecciones sindicales, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se vota electrónicamente y da ese aspecto de que no tienes ese justificante, genera desconfianza", afirma Pedro Villanueva, politólogo del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León (Copyscyl).  Pese a esta excepción, lo más cerca que ha estado España del voto digital ha sido el voto rogado, que fue suprimido a finales de 2022. Este sistema permitía a los españoles que residen en el extranjero solicitar el voto a través de distintos formularios.

Para incrementar este voto eléctronico, es necesario "generar confianza en ese tipo de votación porque estamos muy alejados de Estados Unidos, que sería el ejemplo a tener en cuenta. Habría que socializar y sensibilizar a la población además de dar una seguridad jurídica a ese voto mediante una legislación clara". Actualmente, está vigente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Una norma que "está anticuada y carece de lógica en la España que tenemos. Habría que desarrollar una ley electoral que blinde ese voto electrónico y que la gente sepa que su voto va a ser cuidado, que va a seguir siendo secreto y que va a haber una legislación que en caso de que haya de algún filtrado, tenga un régimen de castigo o un régimen penal para cualquiera que no cumpla con la ley de régimen electoral". 

Además de una reforma legislativa, el voto electrónico se enfrenta a cuestiones relativas con las nuevas tecnologías. Según explica Pedro Villanueva,  "en España tenemos una brecha digital enorme, no solo por edades sino también por territorios. Antes de implantar esto tendríamos que avanzar muchísimo en desarrollar que esta brecha digital disminuya. Si ponemos este voto electrónico y luego no somos capaces de llevarlo a la gente mayor o a territorios que están alejados pues no nos sirve de nada". 

Sin embargo, Villanueva confiesa "yo quiero la papeleta, o sea, la gente necesita ver esa papeleta, estar en el recuento. Que no sea una máquina la que me recuente ni la que me controle porque, aunque digan que no, alguien tiene acceso a esos datos y las empresas que generan estos datos, por ejemplo Indra, va a tener un poder enorme en la gestión de datos y creo que no es positivo a la larga".