El Consejo de Ministros aprobó este martes, 9 de mayo, destinar más suelos del Ministerio de Defensa en desuso a potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. En concreto, ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos (Sepes), hasta 8,25 millones de metros de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles en 34 municipios de 14 comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, son 1.516 viviendas en las capitales de provincia de León, Valladolid y Ávila, además de Medina del Campo (Valladolid) y Valverde de la Virgen (León).

La localidad más beneficiada será Medina del Campo, donde está prevista la construcción de 750 viviendas sociales, en los terrenos del antiguo Cuartel Marqués de la Ensenada, seguida de las 320 en la capital, en el Acuartelamiento de La Rubia y los solares de la carretera de Rueda, 40 y el Callejón de Maestranza, 16. Les siguen los 310 pisos asequibles que se contemplan en el Acuertelamiento San Marcelo, en León capital, a los que se sumarán las 60 viviendas en el Parque de Material.

En Ávila, y según el listado del Ministerio al que ha tenido acceso la Agencia Ical, se prevén 14 viviendas mientras que en Valverde de la Virgen, serán 62 entre un solar y una parcela.

De esta manera, el Gobierno ha encomendado a Mitma, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Defensa a tramitar los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo la operación de compraventa de los suelos entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) y Sepes, para su posterior desarrollo para usos residenciales a través de 50 actuaciones. El presupuesto estimado de la operación ronda los 620 millones de euros.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), permitirá disponer de suelo público repartido por la geografía española para el desarrollo de vivienda de protección pública y así contribuir a garantizar el derecho constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada y que esta disponibilidad sea equilibrada en todo el territorio. Tras la adquisición por parte de Sepes, la entidad preparará los suelos para que sean urbanizables y facilitar la edificación residencial a través de fórmulas público-privadas que impliquen la cesión del suelo.