La nueva Ley de la Vivienda aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado jueves ha vuelto a constatar la fragilidad del Gobierno que la impulsa. Los aspectos regulatorios más controvertidos llevan la firma de EH Bildu, que esboza una indisimulada sonrisa sobre este logro basado en la 'justicia social' a costa de perjudicar a esos ahorradores que han hecho del alquiler su medio de vida para disponer de unos ingresos recurrentes. También ha participado de manera intensa ERC, pero los radicales vascos han salido rentabilizar su imagen de partido decisivo justo en el momento más apropiado, con unas elecciones a la vuelta de la esquina.

La estrategia de Moncloa ha sufrido un evidente revés en estas últimas semanas. La moción de censura que presentó VOX con la figura del profesor Tamames apenas ha tenido efecto rentable para el PSOE. Inmediatamente, dos de sus leyes más relevantes han sufrido sendos golpes de imagen. La Ley del 'sí es sí' que ha dividido a los socios de Gobierno de manera indisimulada ha sido reformada con los votos del Partido Popular apoyando a los socialistas y sonrojando a las filas de Podemos. Con la Ley de Vivienda, todo el protagonismo se lo han llevado esos partidos independentistas que no buscan, precisamente, potenciar la imagen de España sino trabajar para sus intereses localistas. Pero eso ya se suponía cuando gobiernas gracias al apoyo despedazado de diferentes fuerzas políticas tan dispares como las que están acompañando a Pedro Sánchez durante estos años.

La Ley de la Vivienda apunta el foco sobre los grandes tenedores. Dice el Gobierno que más bien señala a bancos y fondos. Pero se muestra muy tenue con cuestiones relacionadas con la 'okupación' de tal forma que si una familia que okupa una vivienda vacía se encuentra en situación de vulnerabilidad, se le pondrá en contacto con servicios sociales para buscar una solución habitacional. ¿Y el propietario? Cuestión de ricos, como dicen los de Bildu. El PSOE sostiene que el 99,15% de las okupaciones se hacen en viviendas vacías de grandes tenedores o de fondos buitre. El juez ya tiene instrumentos para actuar contra los allanamientos de morada que se producen cuando okupan la casa de alguien, insisten desde las filas socialistas ofreciendo una sensación de vulnerabilidad al propietario, sea banco o gran tenedor, que se encuentra en un terreno de indefinición pese a la ambiciosa pretensión de la Ley.

La vivienda ha estado en el foco de la actualidad en los últimos días, teniendo en cuenta los sucesivos anuncios del Gobierno, dispuesto a crear ahora 20.000 nuevos pisos sociales en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, al que obviamente hay que pagar. Es una especie de comprarse a sí mismo que se anuncia en plena etapa preelectoral, a la vista de unas elecciones municipales y autonómicas, en algunas comunidades, que han encendido el botón del todo vale. Nos esperan semanas intensas porque las encuestas siguen mostrando incertidumbre y los pactos posteriores pueden ofrecer muchas alternativas a un lado u a otro. Es una cuestión de poder, mezclada con las insólitas escenas de matrimonios de conveniencia en busca del voto. Lo que venga después ya importa menos.