La Diputación de Valladolid ha rechazado este viernes una proposición del Grupo Provincial Socialista para pedir a la Junta de Castilla y León "que mantenga" el servicio de mediación laboral Serla con el voto en contra del Partido Popular, Vox, el voto favorable de Toma la Palabra.

Ciudadanos, en palabras de su portavoz, Gema Gómez, se ha abstenido debido a su "apoyo al diálogo social como eje vertebrador de la convivencia social en la provincia y la Comunidad", puesto que la proposición socialista solicitaba una dotación económica y de recursos humanos "adecuada y suficiente" sostenida en su totalidad mediante financiación de la Junta, bien a través de una de las consejerías, fundación o entidad pública.

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, ha denunciado el anuncio realizado por la Administración autonómica para la disolución del Servicio de Relaciones laborales de Castilla y León y ha asegurado que ello supone "un ataque sin precedentes no solo a las empresas, los trabajadores de nuestra provincia, sino también contra los municipios que la forman en la medida en la que perjudica a todo el tejido productivo".

"Lo que pasa", ha asegurado Ferreira, es que VOX "no quiere mantener el Serla y el Partido Popular traga, como lo hace con otras cuestiones".

Vox, a través de su portavoz, Mario de Fuentes, ha justificado la supresión de la financiación del SERLA por su "ineficacia" y ser una herramienta "innecesaria que constituye una forma de financiación encubierta para los agentes sociales que cuenta con un coste desproporcionado y su funcionamiento ha supuesto un sobrecoste de 900.000 euros en los últimos años".

Además, De Fuentes ha incidido en que el servicio que ofrece la Junta a través del SMAC y las oficinas territoriales de la Administración autonómica "evita las duplicidades de competencias" y ha demostrado ser "más eficiente a la hora de gestionar este tipo de cuestiones".

El portavoz de Toma la Palabra, Marcos Diez Peñas, por su parte, ha defendido este servicio al considerar que contar con un sistema de solución de conflictos autónomo "permite resolver conflictos laborales a través del diálogo y evita huelgas, por lo que facilita la prevención de estos conflictos así como la descongestión de los juzgados".

En definitiva, ha asegurado Diez, la "desaparición" del SERLA situaría a Castilla y León en el ámbito de la "inseguridad jurídica puesto que generaría dudas a las empresas y personas trabajadores de la Comunidad".

Los 'populares' han sostenido, por medio del diputado Luis Miguel Muñumer García, que lo "importante es que se hagan las cosas optimizando los recursos públicos" y lo que hay que tener claro es que el SERLA "no se suprime, sino la financiación que la Junta realiza al servicio, por lo que no se incumple ninguna ley y este podrá seguir realizando las labores de conciliación con los recursos aportados por los sindicatos correspondientes".