La Consejería de Movilidad y Transformación Digital intensificará este año las inspecciones al transporte por carretera en Castilla y León, con especial atención a la provincia de Valladolid, donde en 2024 se inspeccionaron 3.977 vehículos, situándose como la tercera provincia con mayor número de controles, solo por detrás de Segovia y Salamanca.

Entre las principales novedades del Plan de Inspección del Transporte por Carretera para 2025 destaca la exigencia, ya sin moratoria, del uso del nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación en los vehículos que operen en rutas internacionales. Esta medida, impuesta por la normativa europea del Paquete de Movilidad, implica que aquellos transportistas que aún utilicen tacógrafos analógicos o digitales antiguos se enfrentan a sanciones severas si cruzan fronteras sin haber actualizado sus equipos.

El nuevo plan, en el que se incorpora el sistema de clasificación de riesgo de las empresas según su historial de infracciones, también pone el foco en el control de los tiempos de conducción y descanso, que ya en 2024 motivaron el 75% de las denuncias en la Comunidad. En Valladolid, los controles forman parte de una estrategia que en 2025 prevé la lectura de 118.176 jornadas de trabajo de conductores profesionales a nivel autonómico, permitiendo revisar hasta 56 jornadas por vehículo desde la memoria del tacógrafo y la tarjeta del conductor.

Durante el pasado año, se formularon en Castilla y León 16.924 denuncias, de las cuales 12.826 fueron por incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso. Además, se produjeron 1.418 inmovilizaciones, reflejo de la presión inspectora para reforzar la seguridad vial.

La Consejería también incidirá en el control sobre las plataformas de paquetería que actúan sin autorización como operadores de transporte, así como en la lucha contra las empresas 'buzón', que practican dumping social contratando trabajadores en países con menores costes laborales pese a operar en territorio español. Para ello, se llevarán a cabo actuaciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Además, el nuevo plan no olvida sectores clave para Castilla y León como el agrícola o el transporte de madera, que seguirán siendo objeto de vigilancia específica, especialmente en aspectos como el aseguramiento de la carga o las dimensiones de los vehículos.

En el ámbito urbano, se mantendrá el control de las estaciones de autobuses, incluidas las de Valladolid, para supervisar el estado de las instalaciones y el cumplimiento de los servicios exigidos por ley. También se vigilará la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en zonas sensibles como aeropuertos, estaciones y hoteles, así como durante eventos y fiestas locales.

La actividad inspectora del pasado año incluyó en Castilla y León 1.045 inspecciones a empresas, con 1.078 vehículos controlados, 226 cursos CAP supervisados y más de 31.000 jornadas laborales de conductores analizadas. En el caso de los servicios de transporte escolar, se controlaron 483 vehículos y se detectaron 52 infracciones.