Noventa días después de la tragedia sigue el desencuentro entre el Gobierno valenciano y el de España, con constantes cruces de acusaciones
Se cumplen este miércoles tres meses de las riadas por la dana del 29 de octubre en Valencia, con la desescalada en el nivel de emergencia ya iniciada mientras se avanza en la recuperación y se busca aún a tres personas desaparecidas, que desde ahora pueden ser declaradas oficialmente fallecidas, relata EFE.
El recuento de víctimas mortales por las devastadoras inundaciones que afectaron a casi un centenar de municipios valencianos subió a 224 a principios de enero, cuando falleció una mujer hospitalizada, a las que hay que sumar dos operarios que murieron en las tareas de limpieza, en Massanassa y en Benetússer.
El tercer mes de la dana coincide con la cuarta manifestación para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la catástrofe, que se celebrará este sábado en la capital valenciana convocada de nuevo por entidades sociales y que en las tres citas anteriores han reunido a miles de personas.
La desescalada en el nivel de la emergencia establecido hace tres meses comenzó a mediados de enero, de forma que solo 28 municipios permanecen en el nivel 2 -que implica que necesitan ayuda externa para resolver la emergencia-, principalmente los de la 'zona cero', como Paiporta, Aldaia, Torrent o Utiel.
Otros 75 municipios han bajado al nivel 1, al considerar que su estructura municipal es suficiente para gestionar la emergencia -entre ellos Pedralba, que ha pedido volver a la situación 2-, mientras que los 163 municipios restantes de la provincia de Valencia han dejado de estar en emergencia.
En las zonas damnificadas siguen los trabajos de extracción de lodo de sótanos y garajes, tras haberse finalizado en más de 800, así como los de limpieza de barrancos y de playas y la retirada de residuos y de vehículos, tras haber evacuado 500.000 toneladas de enseres y 90.000 vehículos.
El órgano que coordina la emergencia, el CECOPI, ha pasado de celebrar reuniones diarias a dos por semana, una de ellas con la participación de los alcaldes de las 28 zonas más afectadas, que han pedido que se agilicen los peritajes y el pago de las ayudas del Consorcio de seguros.
La búsqueda de las tres personas desaparecidas en las riadas -Elisabeth, de 37 años, Paco, de 64, y José Javier, de 56- se mantiene, con 400 profesionales movilizados cada día en un perímetro de 500 kilómetros cuadrados, principalmente el barranco del Poyo y los ríos Magro y Turia, con la ayuda de perros especializados y un dron, publica EFE.
Aunque las probabilidades de encontrar sus cuerpos son reducidas se les continúa buscando para poder devolvérselos a sus familiares, quienes en aplicación del artículo 193 del Código Civil pueden ya pedir en los juzgados la declaración de fallecimiento y acceder así a los derechos que les correspondan.
Todo en vísperas de que SOS Desaparecidos formalice ante la Audiencia Nacional en febrero la querella a la que se han sumado familias de las víctimas contra varias Administraciones por los delitos de imprudencia, negligencia u omisión del deber de socorro.
Noventa días después de la tragedia sigue el desencuentro entre el Gobierno valenciano y el de España, con constantes cruces de acusaciones, principalmente sobre las ayudas, mientras que en los plenos municipales de las zonas afectadas el vecindario se queja de la tardanza en recibirlas y de la falta de coordinación.
El Ejecutivo central sostiene que lleva movilizados 16.600 millones de euros y que ha pagado 1.741 millones en ayudas. El Consell cifra en 1.500 millones lo movilizado y en 211 las ayudas directas abonadas hasta la semana pasada e insiste en que las ayudas estatales son a devolver, extremo que niega el Gobierno de España.
También han sido motivo de reproche entre ambos Ejecutivos el número de visitas a Valencia tras la dana del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, (tres, pero solo una a las zonas afectadas, Paiporta, donde tuvo que salir escoltado y no volvió a Valencia hasta 81 días después) y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (cuatro visitas en cinco días, en una de las cuales anunció un 'Plan Valencia' de 12.000 millones de euros en diez años si gobierna).
Las comisiones de investigación se acaban de constituir en el Senado y en Les Corts Valencianes y este jueves lo hará el comité de expertos para la reconstrucción impulsado por el Gobierno central, mientras se está a la espera de que se puedan aprobar las ayudas por la dana recogidas en el decaído decreto ley 'ómnibus'.
Las cifras sobre la destrucción generada por la fuerza del agua se continúan actualizando: un reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) considera que las pérdidas globales superan los 17.000 millones de euros, el 20 % de los activos (casas, industrias, bienes agrícolas e infraestructuras) de la zona de afección de las riadas.
Además, la reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas supondrá un coste de 1.700 millones de euros, que financiará el Gobierno de España; hay 305 edificios en las zonas afectadas que tendrán que ser demolidos total o parcialmente; y son 23.500 los trabajadores que siguen en expediente de regulación temporal de empleo.
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