Proponen prohibir las redes a quienes las usen para cometer delitos de odio

La repercusión en redes sociales del crimen cometido en Mocejón ha abierto un debate sobre las redes sociales. El fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto reformar el código penal para que los condenados por cometer delitos de odio en las redes sociales tengan que mantenerse un tiempo alejados de ellas, así como que todos los usuarios tengan que estar identificados.

"Muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque no identificamos al autor", ha señalado el fiscal de sala de la unidad de delitos de odio de la Fiscalía General del Estado en una entrevista a la cadena SER. Precisamente este martes la Fiscalía anunció que está estudiando los mensajes "falsos" y de "odio" que circulan por las redes sociales en los que se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras, especialmente menores, tras el asesinato el pasado fin de semana de Mateo, un niño de 11 años en Mocejón (Toledo).

"Hay que ver que los hechos tengan cierta entidad, la gravedad de los mismos, la persona que lo ha dicho y su capacidad de liderazgo, y hay que ver el contexto", ha explicado. La investigación está aun en fase inicial, pero cuando se tengan los informes policiales serán remitidos a la Fiscalía "y se hará la valoración jurídico-penal", ha dicho.

Aguilar ha advertido de que cada día hay agresiones en las calles hacia personas por este tipo de motivaciones" y ha incidido sobre la difusión de insultos racistas en acontecimientos deportivos, así como las informaciones falsas que buscan "señalar, estigmatizar, a personas migrantes para despertar sentimiento de rechazo" hacia ellos.

Además de sus propuestas, el fiscal ha pedido la implicación de otros estamentos para "educar y prevenir" y desarrollar medidas para combatir el odio porque cree que es peligroso dejarlo todo a la ley. A su juicio, la ley "no puede acotar que se puede publicar y que no, es peligroso para nuestra democracia", aunque recuerda que sí hay unos límites administrativos y penales.