La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado que tres relatores de Naciones Unidas (ONU) se dirijan a las instituciones españolas para recordar "sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista", la "amenaza" para las víctimas que suponen las leyes de concordia y las obligaciones que todavía no cumple el Estado de garantizar a las víctimas de la dictadura franquista su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición.

El informe que analiza tres leyes de Concordia aprobadas por gobiernos de VOX y el Partido Popular en Castilla y León, Valencia y Aragón señala las riesgos que pueden suponer esas legislaciones autonómicas para el acceso de las víctimas al conocimiento de la verdad y el deterioro democrático y en materia de derechos humanos el blanqueamiento de la dictadura.

Sobre la Ley de Aragón, asegura que "invisibiliza las graves violaciones" de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo. Algo similar sentencia con respecto a la Ley de concordia de Castilla y León y añade que el proyecto de ley no facilitaría la participación ni otorgaría un "rol consultivo" a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil.

Por otra parte y respecto a la valenciana, el informe asegura que puede terminar quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las "centenas de miles" de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista.

La segunda parte del informe va dirigida al Gobierno central al recordar que las víctimas de la desaparición son "tanto a la persona desaparecida como a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo". De hecho, añade que "cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada y que los estados velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada y que los derechos a la reparación incluyen, entre otros, la restitución y las garantías de no repetición".

El informe le recuerda al Gobierno de España que no investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. "La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones", precisó.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto del primer desaparecido del franquismo en España identificado por una prueba genética, aseguró que la mejor forma de combatir las leyes de "falsa concordia" es abrir las puertas de los juzgados para que cumplan sus deberes con violaciones de derechos humanos "tan graves" porque la justicia es la "mejor" política de memoria.