La Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha abierto una investigación sobre otras cuatro, al culminar una operación en la que ha identificado a 45 víctimas de explotación laboral, de origen marroquí, subsahariano y búlgaro, entre temporeros que acudieron a la zona soriana de la ribera del Duero, en San Esteban de Gormaz, para trabajar en la de la uva.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, acompañado del teniente coronel Sergio Peñarroya, ha presentado la operación 'Machatasha', en la que cinco de los detenidos fueron arrestados en Soria y uno en Albacete, además de investigar a otras cuatro personas, como supuestas autoras de varios delitos contra los trabajadores extranjeros.

Latorre ha subrayado en rueda de prensa que estos delitos tienen mucho que ver con la trata de ser humanos y la esclavitud.

Los detenidos hacían de intermediarios para facilitar trabajadores a pequeños propietarios agrícolas con el fin de realizar las tareas propias del campo.

"Se ha recogido testimonio a 45 víctimas, nueve de ellas en situación irregular en España, con expedientes de expulsión tramitados. Ninguno tenía contrato laboral ni estaba dado de alta en la Seguridad Social", ha detallado.

La operación se inició el 6 de julio, cuando se recibió una llamada desde el pueblo soriano de Olmillos, por una disputa de un propietario de la vivienda y los inquilinos motivada por desavenencias en el pago.

El propietario manifestó que todo se basaba en contratos verbales y la Guardia Civil identificó a nueve personas africanas, ocho de ellas en situación irregular.

El 7 de julio se requirió de nuevo la presencia en El Burgo de Osma por una alteración de orden público.

Tras intervenciones telefónicas practicadas en septiembre, se puso de manifiesto la existencia de personas españolas y búlgaras que se dedicaban a seleccionar a otras, en su mayoría de origen búlgaro, que llegaban a España pensando que tenían unas condiciones laborales determinadas y se encontraban con otras bien diferente.

Se les cobraba un precio abusivo por el alquiler de vivienda y por la alimentación.

Peñarroya ha manifestado que el 27 de septiembre se realizó la explotación de operación, en la que se tomó declaración a trabajadores y se realizaron registros domiciliarios en viviendas y en una tienda.

La organización pagaba entre 12 a 14 euros la hora y la comisión que cobraba era de siete euros, y luego los contratados tenían que descontar gastos.

Llegaron a cobrar cien euros por habitar una vivienda donde compartieron colchón diecisiete personas.

"Si los extranjeros que se ubicaban en origen no tenían dinero para viajar a España, se les adelantaba desde la organización y luego se les cobraba con intereses", ha apuntado.