La reforma del impuesto sobre el aumento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, provocó un descenso de la recaudación de este tributo en Castilla y León del 30 por ciento como consecuencia de la sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional y otras posteriores. Esta liquidación, que se aplica en un diez por ciento de los ayuntamientos de la Comunidad (llegando al cien por ciento en los mayores de 20.000 habitantes), se redujo de 70,2 millones de euros en 2017 a 53,2 millones en 2021.

Según el informe del Consejo de Cuentas, esto implicó un retroceso en la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León desde 2017 hasta 2022. Esta baja fue agravada por la crisis económica de 2008, cuando las liquidaciones descendieron de 56,2 millones de euros en 2007 a 45,1 en 2008. No obstante, en los años posteriores se produjo un incremento hasta 2017. En cuanto a las cantidades que poseen las provincias, Valladolid lidera el ránking (12,2 millones), por delante de Salamanca (10,8), Burgos (9), León (7,5), Ávila (5,4), Zamora (3,1), Segovia (2,3), Soria (1,5) y, por último, Palencia (1,1). De todos ellas, el 10% de los ayuntamientos liquidan este impuesto (más del 80 por ciento de los de más de 5.000 habitantes y el 100% en los de más de 20.000) y reduciéndose mucho en los menores de 2.000.

Además, el Consejo de Cuentas realiza siete recomendaciones. Con carácter general, los ayuntamientos deberían, a través de su ordenanza fiscal, adaptar lo previsto en la Ley General Tributaria a su régimen de gestión del tributo y de organización y funcionamiento interno, en particular en lo referido a los procedimientos de gestión y al de inspección.