El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente, advirtió este martes, 20 de junio, al nuevo equipo de gobierno que la derogación de la actual ordenanza municipal de movilidad en lo referente a los carriles de bu, taxi y bicicleta supondrá la pérdida para la ciudad de 483 millones de euros de fondos de la Unión Europea.

Puente explicó que el Ayuntamiento de Valladolid, al ser elegido por la UE entre las siete ciudades españoles objetivo 2030 suscribió en su día un acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, refrendado por la Junta de Castilla y León a través de las consejerías de Medio Ambiente y de Economía, que vincula a la ciudad con la UE y en el que se recogen obligaciones concretas como la reducción del tráfico privado, la apuesta por medios de transporte alternativos y por mayor espacios para los peatones.

En este sentido, aseguró que la supresión de los carriles bici o reservados para bus supondrá un "incumplimiento flagrante" del compromiso del Ayuntamiento con la UE y, por lo tanto la pérdida de los 483 millones de euros que la UE tiene previsto destinar a la ciudad hasta 2030, tanto para el Ayuntamiento como para empresas y particulares.

A su vez, además de anunciar que el Grupo Socialista presentará alegaciones a la modificación de la ordenanza, Puente reclamó al alcalde, Jesús Julio Carnero, una reflexión serena ante el riesgo económico que supondrá la medida que quier llevar a cabo. Además, consideró que la derogación de la ordenanza municipal de movilidad es una clara "involución" en la dirección que llevaba Valladolid hacia una ciudad cada vez más descarbonizada.

Puente insistió que antes de tomar "decisiones viscerales" el nuevo equipo de gobierno debe recapacitar y analicen el riesgo económico, ya que pueden provocar la pérdida de oportunidades vinculadas a la descarbonización para Valladolid, "algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo".

Por último, también aseguró que entre las siete ciudades seleccionadas con el objetivo 2030 figuran algunas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y Valencia, que mantendrán sus medidas para avanzar en la descarbonización.