Los trabajadores de la Administración de Justicia de Castilla y León, unos 170 en total, llevaron a cabo este martes su segunda jornada de huelga para exigir mejoras salariales y el reconocimiento de su trabajo dentro del sistema judicial. En Valladolid, donde hay más de 30 trabajadores afectados, CCOO -el único sindicato convocante- estima que el seguimiento ha sido del 90%.

Este personal incluye archiveros, informáticos, ordenanzas, trabajadores de mantenimiento y limpieza, conductores y vigilantes, entre otros. También forman parte de esta plantilla los miembros de los equipos técnicos forenses, que están integrados por profesionales como psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Ellos son los encargados de elaborar los informes periciales de niños y mujeres víctimas de abusos o malos tratos, de padres que están en disputa por la custodia de sus hijos, o de menores infractores.

Eva Carretero, representante de CCOO y miembro del comité de huelga, denunció que el personal de la Administración de Justicia es el que peores condiciones tiene dentro de la Administración General del Estado. Así, explicó que se encuentran bajo un convenio único que "nunca les ha representado y que ahora está obsoleto en cuanto a la remuneración salarial y otros derechos. Por esta razón, exigen la funcionarización".

Carretero destacó que un trabajador social forense recién contratado obtiene un salario de 1.300 euros, una cantidad significativamente superior a la de los empleados públicos de Justicia y, en particular, a la de los demás trabajadores de la misma categoría, los cuales ganan 800 euros menos al mes. Carretero denunció que los trabajadores de la limpieza tardan cuatro meses en ser sustituidos cuando hay una baja laboral, y añadió que, debido a su reducido número, son un colectivo "invisible".

La representante de CCOO instó a los sindicatos UGT y CSIF a unirse a la huelga, expresando su inquietud por el posible adelantamiento electoral. Aun así, Carretero recordó que el colectivo afectado son trabajadores vulnerables, por lo que cree que alguien, aunque el Gobierno esté en funciones, se siente a negociar.

Los sindicatos han pedido una reunión urgente con el Ministerio de Justicia para tratar de solucionar este conflicto y evitar que el servicio público siga deteriorándose. Asimismo, CCOO ha acusado a la Administración de Justicia y a Función Pública de no cumplir sus obligaciones de mejorar las condiciones laborales. Las próximas jornadas de huelga general están previstas para los días 1, 6 y 7 de junio.